Atienden los reclamos de los Yukpa

Patty Fuentes Gimón

Después de una semana, el jesuita de 81 años José María Korta suspendió la huelga de hambre que mantenía frente a la Asamblea Nacional para exigir que se libere a los tres Yukpa detenidos hace un año y la demarcación territorial de las comunidades indígenas.

Ante la disposición del Gobierno de dar respuesta a sus reclamos frente a los derechos indígenas, el vasco y fundador de la Universidad Indígena de Venezuela consideró innecesario continuar con su protesta.

“En vista del diálogo que hemos tenido con distintos dirigentes del Estado, hemos visto que la razón principal de la huelga ha recibido respuesta”, explicó.

Ayer Korta se reunió con el vicepresidente Elías Jaua, con quien pautaría la fecha del encuentro entre el presidente Hugo Chávez y el jesuita. Hasta el cierre de esta edición, no había concluido la conversación con el vicepresidente. Sin embargo, se pudo conocer que Korta llevará al mandatario nacional los puntos que le motivaron a realizar la huelga y abogará para que se materialicen los acuerdos que se lograron con el Ministerio de Ambiente y el Poder Judicial.

Autogobierno indígena

Aunque en el conflicto producido en octubre de 2009 fallecieron tres personas, los Yukpa insisten en que el problema debe solventarse bajo sus propias leyes.

“No se está pidiendo nada contrario a la Constitución. Eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un territorio no indígena”, explica José Quintero, profesor de Lenguas y Culturas Indígenas de la Universidad del Zulia.

El docente se refiere al artículo 260 de la Carta Magna que establece que las autoridades indígenas “podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas”.

De igual manera, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas prescribe que los jueces, al momento de dictar cualquier medida preventiva, deben procurar establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.

Quintero señala que “mientras la justicia ordinaria es punitiva, la indígena es reparadora”, pues el delito indígena es interpretado como colectivo, “es asumido por toda la comunidad”, dice y ejemplifica que uno de los castigos podría ser el trabajo comunitario.