Patty Fuentes Gimón
“Nos preocupa que en la mayoría de los pensa de las universidades no se incluyan los Derechos Humanos como una asignatura obligatoria”, expresó Marlene Robles, presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela durante la jornada “Fortalecimiento de las Comisiones de DDHH de los Colegios de Abogados de Venezuela”.
Con el fin de “incorporar a la mayoría de los abogados del país a la noble labor de defender a todo el que sea amenazado en el ejercicio de los DDHH”, fue creada el pasado 3 de octubre la Comisión Nacional de DDHH de la agrupación de profesionales del Derecho, pues según Robles, “en Venezuela necesitamos abogados preparados en esta materia porque son ellos quienes garantizan la paz social”.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, fue designado presidente de la iniciativa y explicó que en cada Colegio de Abogados constituirán una comisión de DDHH para “brindar asesoría jurídica gratuita e intervenir en conflictos entre funcionarios y víctimas de violaciones de DDHH”.
Responsabilidad del Estado
“A pesar de que la Constitución venezolana nos habla de los DDHH desde el preámbulo, nuestra profesión se ha mantenido al margen de los casos de violaciones de estos derechos. Sin embargo, poco a poco ha habido un despertar”, asegura Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado sostiene que el Estado tiene responsabilidades sobre los DDHH, pues el artículo 23 de la Carta Magna establece que “los tratados, pactos y convenciones relativos a DDHH, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno… y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Por su parte, Héctor Faúndez, abogado especialista en DDHH, señala que “como ciudadanos nos corresponde defender la democracia, el estado de derecho y los valores de la libertad” porque “sin abogados que estén dispuestos a cumplir su rol de manera eficiente, nuestras sociedades serían menos libres”.
Tras destacar la importancia del debido proceso, Faúndez estimó que alrededor de 98% de los casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos involucran violaciones al debido proceso o a la protección judicial.
“Los abogados también pueden operar mucho antes de que se cometa una violación, de manera preventiva, sobre todo cuando se están redactando proyectos de ley en los cuales pueden alertar sobre las incompatibilidades que podrían haber entre esos proyectos y determinadas normas constitucionales o valores propios de los DDHH”, añadió.
María Gracia Morais, abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, fue la encargada del tema penitenciario y afirmó que “además de los derechos fundamentales, la propia sentencia genera derechos para los condenados, que están ligados al tratamiento resocializador”.
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