Patty Fuentes Gimón
Foto: Renier Otto
La crisis penitenciaria parece no tener fin. Mientras las cifras de muertes violentas dentro de las prisiones aumentan año tras año, las soluciones que plantea el Gobierno Nacional son cada vez menos eficaces.
De acuerdo con el informe “Situación carcelaria en Venezuela 2010”, elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, durante el año pasado fueron asesinados 460 reos, lo que representa un incremento de 25% respecto a los 366 homicidios que se registraron durante 2009.
La cantidad de muertes en 2010 en los centros de reclusión es la segunda cifra más alta que se ha presentado en los 12 años del gobierno de Hugo Chávez, precedida por las 498 víctimas fatales del año 2007.
Los penales más peligrosos el año pasado fueron: la cárcel nacional de Maracaibo (con 43 muertos), La Planta (41 fallecidos), el Internado Judicial de Carabobo (40 decesos), Tocorón (37) y Santa Ana (31). El mes con más muertes fue agosto, con 47.
Aunque el Ministerio de Interior y Justicia manifiesta constantemente su preocupación por la situación carcelaria y creó el “Plan de Humanización”, los resultados no mejoran quizás porque no han sido escuchadas las recomendaciones de los expertos en materia penitenciaria.
Una ley ilegal
La semana pasada, el ministro Tareck El Aissami presentó el anteproyecto del Código Orgánico Penitenciario que será discutido en la Asamblea Nacional y que, según el director del OVP, Humberto Prado, “contraviene el texto constitucional y los estándares internacionales”.
El artículo 2, en su numeral 1º, del código antes mencionado establece que “la institución rectora del servicio penitenciario adscrita o dependiente será del Ejecutivo Nacional”. La Constitución, por el contrario, en su artículo 272, prescribe que las cárceles “se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.
Respecto a esto, Prado asegura que 24 gobernadores a cargo de las prisiones pueden impulsar avances significativos con las direcciones de salud, cultura, deportes, etc., por lo que recomienda que el MIJ cree un ente autónomo con carácter técnico “para que baje políticas públicas a los gobiernos regionales que serían los encargados de responder penal, civil y administrativamente. Asimismo, propone crear la figura del “ombudsman penitenciario” que garantice los DDHH de la población reclusa, tenga competencia autónoma, sea electo por la AN y propuesto por la sociedad civil.
Por otro lado, el anteproyecto del código penitenciario dicta en su artículo 206 que “la seguridad externa será competencia de la Policía Nacional Bolivariana”. El director del OVP denuncia que los estándares internacionales exigen que “ni los policías ni los militares trabajen en las cárceles”.
“Si están sacando a la Guardia Nacional, ¿para qué van a meter ahora a la PNB? Lo ideal sería crear un personal civil que custodie los penales. La intención del anteproyecto puede ser buena, pero no fue consultado y contradice la Constitución”, añade.
El Gobierno ha propuesto en varias ocasiones instruir a los custodios en la universidad de la Policía Nacional de la Seguridad, lo que para Prado resulta inadecuado porque “no pueden poner a estudiar a los penitenciaristas en una universidad donde están formando policías, vigilantes de tránsito, Disip, etc. Lo que deben hacer es tenerlos en un área netamente civil para que sepan tratar a humanos con problemas”, señala.
En el caso de ser aprobado el Código Orgánico Penitenciario, quedarían anulados el Reglamento de Internado Judicial, por el que actualmente se rigen los procesados, y la Ley de Régimen Penitenciario, creada para los penados.
Más retardo procesal
La población reclusa actual es de 44.852 internos, de los cuales 30.360 son procesados, 12.876 penados y 1.616 están optando a la medida alternativa de Destacamento de Trabajo.
Esto quiere decir que 75% de los reos están procesados. De estos, 24,75% siguen a la espera de la audiencia preliminar, 29,42% están en la fase de juicio y 20,83% en la fase preparatoria o de investigación.
El OVP entrevistó a alrededor de 1.500 reclusos y 500 familiares, pero casi 40% de los encuestados, no sabe en qué fase está se encuentra.
“Si se hace el presupuesto justo para la construcción y reparación de las cárceles, se necesitarían para la población real más de 27 centros de reclusión con capacidad para 860 internos y con un costo de 62 millones de dólares”
Humberto Prado
70% de la población reclusa ingiere agua potable porque sus familiares se la llevan.
9 bolívares es el total de dinero con el que cuenta cada reo al día para su alimentación.
400% de hacinamiento hay hoy en día en las prisiones venezolanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario