Por: Patty Fuentes Gimón
Por segundo año consecutivo, el Cabildo Metropolitano entregará la Orden Luis María Olaso a todas aquellas personas y organizaciones que defienden, promueven y divulgan los Derechos Humanos en el Área Metropolitana de Caracas.
El encuentro tendrá lugar el próximo 9 de diciembre a las 10:00 am en el Colegio de Ingenieros y se entrega en seis categorías, entre las que se encuentra la de la "Persona Emergente" que, en esta oportunidad, será otorgada a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
-¿Cuál considera usted que es el Derecho Humano más vulnerado actualmente en Venezuela?
-En primer lugar, el derecho a la vida, que se ve con la cantidad de muertes con la que cerraremos este año. Este país no tiene cifras de homicidios pero todos sabemos que la jornada diaria culmina con más de un muerto por cada hora. En segundo lugar, el derecho a la no discriminación política. Expresar una opinión política en Venezuela tiene un costo que afecta el goce de otros derechos, como el de la sindicalización, la vivienda, la salud o el ejercicio en libertad de los propios derechos civiles y políticos.
-¿Cómo se ve afectada la seguridad nacional por la falta de acceso a la información?
-De manera brutal, especialmente porque el tema del acceso a la información está comportando riesgos sobre la seguridad nacional, la corrupción y sobre los propios valores de la democracia. Pudiera estar ocurriendo en este momento en Venezuela que presupuestos vinculados a la seguridad de la nación estuviesen destinados, arbitrariamente, para afectar elementos constitutivos del Estado como el territorio, la población y el sistema jurídico político.
-¿Se está violando la justicia militar?
-Venezuela tiene el estándar más retrogrado del sistema de justicia militar del continente. Lo supera solamente Cuba. Nuestro país tiene un esquema en donde el Presidente tiene facultades para abrir y cerrar juicios, lo que rompe todos los estándares del debido proceso. Se están aplicando sanciones administrativas por el sistema de justicia, es decir, te llevan a juicio militar por circunstancias que deberían ser administrativas, con lo cual atemorizan al sector militar. En segundo lugar, los delitos que se están juzgando en la justicia militar no son delitos de función, por lo que la justicia militar no cumple la regla básica de constituirse en una excepción, sino en una regla. Por otro lado, todo el sistema de justicia depende económicamente del Poder Ejecutivo. No hay cifras ni estadísticas, ni rendición de cuentas mínimas sobre lo que está ocurriendo en los recintos penitenciarios de carácter militar del país.
-¿Cuáles son los compromisos que tiene pendientes el Estado con el Estatuto de Roma?
-Todos. Venezuela solamente ha cumplido el más elemental de los compromisos, que es la ratificación con efectos internacionales, pero ninguno de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma constituye delito en el territorio nacional. Por ejemplo, los crímenes de guerra no encuentran tipo penal ni en el Código Orgánico de Justicia Militar ni en el Código Penal. Los delitos de lesa humanidad tampoco y los de genocidio, menos.
MÁS TRANSPARENCIA, MENOS ARBITRARIEDAD
"La intolerancia por razones políticas puede acarrear, tal como ha ocurrido en el mundo desde hace 15 años, la persecución y la eliminación de un sector de la población por razones políticas", advierte San Miguel y estima que "eso comenzó a ocurrir en Venezuela hace largo rato y está tonificando la vulneración de derechos importantes civiles, políticos, económicos, sociales y culturales".
-¿Considera usted que los distintos sectores de la sociedad están comprometidos con la seguridad y la defensa nacional? -Sí hay compromiso, voluntariedad e interés. Cada ciudadano está impactado por algún rasgo de inseguridad, ya sea vial, de salud, personal, etc. Lo que pasa es que hay un juego trancado en el que el Gobierno no permite a los ciudadanos participar.
-¿De qué manera podría el Estado cumplir con las políticas públicas que conciernen a la seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN)?
-Edificando el concepto estratégico de defensa nacional, pues Venezuela tiene 10 años en mora con este mandato constitucional. Esto puede mirarse objetivamente sólo con contrastar más de 12 leyes que debieron haberse reformado o promulgado en el marco del título séptimo de la Constitución que se refiere a la seguridad de la nación. Paradójicamente, la Ley Orgánica de la FAN ha sido reformulada tres veces. Pareciera que el Ejecutivo estuviese tratando de encontrar la fórmula de hacerse de un poder que, en mi opinión, todavía no ha podido controlar. Adicionalmente, el Estado debe aplicar una política de defensa nacional que se base en los principios de transparencia, rendición de cuentas, auditabilidad, respeto a los DDHH y a la participación. Hay demasiada soberbia en la concepción de lo que es una política de defensa nacional que, en mi opinión, no existe. Además con el agravante de que el Presidente ha entendido que la Fuerza Armada Nacional depende de él... La FAN es un bien público de la nación.
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