Más información, menos corrupción

Por: Patty Fuentes Gimón

"La cultura de transparencia está superando la de secretismo que ha existido por décadas en todos los gobiernos y que ha impedido que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos", afirmó el senador chileno Hernán Larraín durante el IV Seminario Internacional "Acceso a la Información Pública: Garantía de Democracia".

Aunque Larraín no considera pertinente intervenir en asuntos ajenos a su país, recomienda "a cualquier legislador" promover la transparencia y acceso a la información pública. "Este es el primer instrumento de modernización que puede tener un Estado para fortalecer a la ciudadanía y garantizar los derechos democráticos", señaló.

El senador también advirtió que las autoridades pueden sentir temor ante este cambio tan radical.

Sin embargo, reiteró que "la información no es propiedad de los estados, sino de los ciudadanos" y que, con la creación de una ley que establezca el acceso a la información pública, se evitaría la corrupción, se aseguraría el funcionamiento de la democracia, se permitiría una mayor eficacia del Gobierno y una verdadera participación de los ciudadanos.

Richard Guevara, diputado del consejo legislativo de Miranda, coincide con Larraín y asegura que, después de aprobar una legislación de transparencia en su estado, pudo comprobar que la percepción de los ciudadanos hacia las autoridades empieza a cambiar.

"Se le hace un bien al Estado porque pasamos del rumor a la claridad y a la información precisa. La gente siempre sospecha que todo el que está en la gestión política está haciendo algo malo. Si se crea una ley nacional de acceso a la información pública, el ciudadano comenzará a rescatar la credibilidad en las instituciones del Estado, estima.

EXPERIENCIAS EN VENEZUELA

Además de la aprobación de dicha ley en Miranda, también se ha logrado esta iniciativa en Zulia, Nueva Esparta y Anzoátegui, sumado a algunas ordenanzas municipales y leyes regionales.

Alejandro Silva, diputado del consejo legislativo de Zulia, relató que en su estado se aprobó la legislación el pasado 12 de agosto por unanimidad, es decir, con el consentimiento incluso de los parlamentarios del PSUV.

"Es lamentable escuchar a los voceros del Gobierno hablando de contraloría social cuando no permiten el acceso a la información pública. Con estos 32 artículos se permite a todos los ciudadanos saber cómo se manejan los fondos", explica.