La Constitución es el pecado original del socialismo

Patty Fuentes Gimón

Doce años han sido más que suficientes para evidenciar que la Constitución de 1999 deja caminos para que el Gobierno establezca un sistema socialista-comunista, debido a los poderes aumentados con los que goza el Presidente de la República.

Así lo considera el abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien sostiene que hay una especie de contradicción en la Carta Magna, pues aunque promueve la descentralización, el Estado federal y mayor poder para los estados y municipios, permite que el Ejecutivo, entre otras cosas, controle de manera absoluta y sin ningún tipo de intervención por parte del Poder Legislativo todo lo referente a la Fuerza Armada Nacional.

“Además, al darle una Ley Habilitante en cualquier área, le está concediendo facultad para legislar. Eso ha facilitado que el presidente Chávez no cumpla con los artículos que promueven la descentralización y, por el contrario, haya concentrado el poder a través del paquete de leyes de 2007 y de los decretos ley que ha dictado durante el último año”, dice.

Es por ello que el constitucionalista asegura que la Asamblea Nacional ha sido utilizada como un cuerpo legislativo del Presidente, quien lo ha manejado según sus intereses para centralizar cada vez más el poder “bajo el esquema político del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que es el primer proyecto socialista de la nación, donde más se le ha hecho daño a la Constitución”.

El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar coincide con Haro y añade que la Carta Magna es una “tienda por departamento, ya que la parte dogmática (que tiene que ver con los principios, valores y DDHH) muestra una Constitución ambiciosa, pero la parte orgánica (la que organiza la estructura del Estado y de los poderes públicos) tiene un andamiaje de vocación autocrática, militarista y personalista”.

A juicio de Aguiar, “el pecado original de todo lo que ha ocurrido en estos 12 años está en la Constitución, pues en ella nació el actual modelo que deifica al Estado y consagra al poder como algo que está por encima de cualquier ciudadano. Esto se debe a que fue redactada por el chavismo; 98% de los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente los tenía el chavismo. Para cualquier país del mundo las constituciones no son documentos que aprueban la mayoría, sino el resultado del consenso social de todos los actores del país, mayorías y minorías”.

Estado paralelo

Pese a que expresa que la realidad demostró que una cosa es escribir un texto constitucional y otra es quién lo gobierna, el constituyentista Froilan Barrios no piensa igual que los otros dos expertos.

“Aquí se ha montado un Estado paralelo que no está en la Constitución. Este es el Estado comunal, ya que no se tenía planteado el socialismo, los consejos comunales, violar el Consejo Federal ni violentar la descentralización. En 1999 el Gobierno tenía una visión progresista de la sociedad, pero ahora tiene una posición reaccionaria que contradice por completo los preceptos constitucionales”, agrega.

“Hay que cambiar la concepción constitucional de 1999 porque que no nos permite madurar como país hacia formas de organización pública más democráticas”

Asdrúbal Aguiar, ex juez de la CorteIDH

Ramo Verde es la única opción

Patty Fuentes Gimón

Que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, haya asomado la posibilidad de trasladar a los privados de libertad del Sebin a “otros centros de reclusión” causó inquietud en los familiares de los reos.

“Si eso llega a pasar, nos van a poner peor de lo que ya estábamos. Vamos a estar entre ansiedad, nervios y preocupación porque no es lo mismo estar en el Sebin (el Helicoide), donde están un poco seguros, que ir a meter a unos policías con unos malandros. Ahorita por lo menos pueden dormir tranquilos de que no va a haber un motín y, además, la visita es con un trato decente, a diferencia de las revisiones que hacen en las otras cárceles”, expresa Dayana Vivas, hija del comisario Henry Vivas, detenido por los sucesos del 11 de abril de 2002.

Sin embargo, tanto la joven como los abogados consideran que si son trasladados a Ramo Verde, en Los Teques, sería una decisión correcta porque “como es una cárcel militar, tienen toda la seguridad del mundo”, señala Theresly Malavé, defensora de los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero.

“En Ramo Verde tendrían la oportunidad de redimir la pena con estudio y trabajo. También podrían salir al sol. La vida les cambiaría a la que debe tener un preso. De resto, en ninguna otra cárcel pueden estar porque ponen en peligro sus vidas. Ninguna otra tiene las condiciones para albergar a los presos políticos. Si no han podido garantizar la seguridad de los presos del país y ahora está peor el sistema de justicia, ¿cómo va a pensar la ministra ahora en cambiarlos de sitio?”, se pregunta Malavé.

Parámetros internacionales

Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, explica que existen parámetros que permiten definir a qué tipo de institución penitenciaria debe ir una persona de acuerdo con el tipo de pena que esté cumpliendo. “Habría que reconocerles su carácter de presos y perseguidos por motivos políticos, lo que implicaría que su lugar de reclusión no puede ser una cárcel en la que vayan a convivir con delincuentes comunes. Al propio Chávez se le trató como preso político y contó con las garantías que debía”, dice.

La legislación venezolana no distingue entre presos comunes y políticos, pero la doctrina internacional impone que se les trate diferente a los detenidos por motivos políticos. “Quizás no debe ser de una forma más privilegiada, pero sí de manera diferente porque para que haya resocialización no deben mezclarse los diferentes tipos de delincuentes”, añade el abogado penalista.

Himiob aplaude la iniciativa de la ministra porque “el Sebin no está habilitado ni estructural ni legalmente como un sitio para que las personas permanezcan recluidas más del lapso de la detención preventiva”. No obstante, sugiere que también deben ser valorados los internos que ya pueden optar por medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pues “si se quiere cumplir con la ley, que se haga tanto en un sentido como en otro”.

"Había que tumbar Rodeo I y II"

Patty Fuentes Gimón

Alrededor de cinco meses demoró el Gobierno en devolver a los reos a sus centros de reclusión de origen: Rodeo I y II. Aunque había prometido tomar esta medida 15 días después de que concluyó el enfrentamiento en dichas prisiones, en julio, no fue sino hasta esta semana que fueron trasladados los 382 privados de libertad que se encontraban provisionalmente en Uribana (Barquisimeto).

El motivo de estas reubicaciones era el de acondicionar las infraestructuras de ambas cárceles. Sin embargo, el deterioro era tal que “invertían menos en tumbarlos y hacer uno nuevo que en tratar de recuperarlos”, asegura la coordinadora del área judicial del Observatorio Venezolano de Prisiones, Marianela Sánchez

Pese a que sostiene que no le ha sido permitido el acceso a las prisiones, estima que “pusieron paños de agua caliente: pintaron y rompieron, pero no creo que hayan resuelto el problema de las tuberías, de las aguas negras. Tampoco sé si tomaron en cuenta lo que más les importa a los reclusos: buena alimentación, canchas, baños y camas”.

Al respecto, la madre de un recluso que fue trasladado el lunes de Uribana a Rodeo I, Yolanda Carrillo, relata que arreglaron las celdas, pero no los baños. “No he podido entrar, la visita es a partir del sábado, pero dicen que es más bonito que antes. Ya no se ven el poco de ranchitos que tenían con sábanas; ahora tienen camas y colchoncitos. Un señor que salió de ahí en estos días me contó que no tienen baños; las necesidades tienen que hacerlas ahí delante de todos y que eso es vergonzoso”, añade.

Oportunidad para clasificar

Que esta semana hayan devuelto a los reos a Rodeo I y II es favorable siempre y cuando se haya tomado en cuenta la clasificación de la población penal, al menos separando a los penados de los procesados.

“Mucha gente fue sacada de su jurisdicción penal y eso agudizaba más el retardo procesal. También los separaba de sus núcleos familiares porque no tienen los medios económicos para visitarlos en otros estados. No sé si hicieron un censo porque hay mucha desinformación por parte del Gobierno, pero esperamos que los que ya fueron trasladados a Guatire sean procesados para que retomen su control judicial y se realicen de nuevo las audiencias Si no se está trabajando la clasificación de la población, será más de lo mismo”, explica Sánchez.

En cuanto a los penados, la experta en materia carcelaria indica que tienen un tratamiento distinto porque en la fase de ejecución se designan jueces de control y vigilancia en cualquier parte del país con el fin de continuar con sus procesos judiciales.

Para evitar el hacinamiento en Rodeo I y II, la vocera del OVP sugiere que se haga un traslado progresivo de los internos que tienen su jurisdicción penal en Miranda y Distrito Capital. Se refiere a los que en julio fueron llevados a Los Teques, al anexo de Tocorón y a Yare I y II.

“Probablemente, los primeros fueron los de Uribana por la demanda de la población reclusa y porque la semana pasada se practicó un Coliseo después de que había una tregua con la ministra Iris Varela. Ahora, deben empezar a agilizar las causas para ir llevando a los demás, poco a poco, a Guatire”, dice y recuerda que la capacidad instalada de Rodeo I es de 750 reclusos y la de Rodeo II, de 500.

Nuevas reglas

La situación de las visitas también cambió en Rodeo I y II. “Nos han contado que no podemos pasar con pantalones largos, tacones, prendas ni ropa oscura. No dejan pasar dinero, así que no sé qué irán a comer. Sólo puedo llevar comida que no tenga hueso porque supuestamente con eso hacen chuzos. Tampoco puedo llevarle más de una sábana ni abrigos con capucha. Ya no pueden usar pantalón. Antes todos estaban con pura ropa de marca. Ya no dejan pasar ropa de marca, suéter manga larga, gorra ni lentes. Quitaron las visitas conyugales y las pernoctas”, cuenta la madre de un reo que fue trasladado el lunes de Uribana a Rodeo I, Yolanda Carrillo.

Sentencia del TSJ sobre invasiones es inconstitucional

Patty Fuentes Gimón

Lejos de proteger un mandato constitucional, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica los artículos 471-A y 472 del Código Penal, en aquellos casos donde “se observe un conflicto entre particulares devenido de la actividad agraria”, vulnera el derecho a la propiedad privada.

Las disposiciones mencionadas establecen pena de cinco a diez años y multa de 50 a 200 unidades tributarias para quien, “con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría ajenas”; y prisión de uno a dos años, además de multa de 50 a 100 unidades tributarias, para quien “por medio de violencia sobre las personas o las cosas, perturbe la pacífica posesión que otro tenga de inmuebles”.

Pese a que la Sala Constitucional del TSJ tiene entre sus potestades la de desaplicar una norma jurídica, al despenalizar algunas situaciones de invasión está pasando por encima del artículo 115 de la Carta Magna que garantiza el derecho de propiedad.

En derecho, el control difuso de la constitucionalidad es el mecanismo jurídico que otorga a los jueces la potestad de revisar e invalidar las normas ordinarias que contravengan la Constitución. En este caso, el TSJ utilizó este procedimiento, pero no tomó en cuenta el principio de supremacía constitucional.

“Siempre que se haga esto, debe ser para proteger la Carta Magna. Esta desaplicación no fue así. Creo que interpretan de manera incorrecta que las sanciones establecidas en el Código Penal son inconstitucionales porque más bien son parte de garantías del derecho de propiedad. La interpretación de la Sala Constitucional da a entender que se puede invadir una finca alegando determinados motivos sin que eso implique ningún tipo de sanción o consecuencia jurídica”, asegura el constitucionalista José Vicente Haro.

Más inseguridad jurídica

A juicio del penalista Gonzalo Himiob, lo que llama la atención de la sentencia del TSJ es que “cuando se actúa de esa forma, al igual que cuando el Presidente dice que quien invada un terreno o un inmueble desocupado porque no tiene vivienda está obrando bien, se está enviando un mensaje muy peligroso que significa básicamente que se hace difusa la línea entre lo que está prohibido y lo que está permitido”.

Además, sostiene que la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, está sesgada políticamente y “pone en un pedestal” al general Ezequiel Zamora, a quien la magistrada calificó como un “héroe de las masas campesinas, una figura muy destacada en la lucha antiesclavista, feudal y democrática”.

“Con esto se les está diciendo a los ciudadanos que los límites que pauta la ley no existen y que, eventualmente, de acuerdo con la coyuntura política, esos límites tienen que ser relajados. Esto va a generar mucha más inseguridad jurídica porque ocasiona que la gente no tenga claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer”, señala Himiob.

A su vez, el abogado recuerda que ese discurso político que desconoce el valor de la propiedad privada viene manejándose desde hace muchísimos años, por lo cual considera que “hay coherencia entre la ideología y lo que se hace legalmente”. Pero, hace énfasis en que en todos los países civilizados del mundo la invasión o usurpación (como lo llama el Código Penal) se castiga con penas bastante severas.

Desaplicación con precedente

El penalista Gonzalo Himiob considera que la desaplicación en algunos casos de los artículos que penalizan las invasiones busca tener efectos más allá de las especificaciones que se hacen. “Se desaplica para los casos con implicaciones agrarias, pero se está sentando el precedente para que eso siga sucediendo en los demás casos. El hecho de que la Sala Constitucional diga que ahora eso se puede hacer no significa que sea beneficioso desde el punto de vista social. Lo que puede significar es que se necesita un rédito político electoral de cara al año electoral que se avecina”, añade. 

SECTOR AGRARIO EN TOTAL DESAMPARO JURÍDICO 

Luisa Benavides

El drama de las invasiones que viene afectando a cientos de fincas del país desde hace más de ocho años y ha generado violencia, disminución de la producción y un mercado negro de comercialización de tierras, ahora se torna más incontrolable con la desaplicación del artículo 471 del Código Penal el cual tipifica la invasión como un delito. 

Roberto Latini, vicepresidente de Fedenaga, señaló que esta sentencia lo que hace es rodear a la actividad agraria de debilidad jurídica porque los dueños de los predios invadidos están imposibilitados de defenderse legalmente de las tomas ilegales. “Esto es darle carta blanca a todas aquellas personas que se sientan con derecho de ocupar una extensión de tierra”, alertó el productor pecuario.

El directivo del gremio ganadero recordó que la competencia jurídica ha venido perdiendo fuerza en el sector primario, por lo que las decisiones de los tribunales a favor de la desocupación de los fundos invadidos no era cumplida por los organismos de seguridad, mientras las expropiaciones del Gobierno no contaban con el debido proceso como lo establece la Constitución.

“Ejercemos la ganadería en un terreno económico en desventaja porque la actividad ha perdido rentabilidad y en lo jurídico estamos desprotegidos y sin garantías”, lamentó Latini quien recordó que las 3,6 millones de hectáreas que da cuenta el Ejecutivo de ser “rescatadas” no han logrado aumentar la producción de alimentos, lo que es una muestra del fracaso de este modelo para reactivar el campo venezolano.

“Sentencia es justa”

El experto en derecho agrario y profesor universitario, Juan Fernando Marrero, explicó que el único mecanismo con el que ahora cuentan los dueños de predios afectados por invasiones es recurrir a las acciones reivindicatorias de la propiedad y la posesión que son de carácter civil.

Marrero explicó que en el marco de la actividad agraria pueden surgir problemas entre productores, campesinos, propietarios, ocupantes o poseedores de tierras con vocación agroalimentaria que si bien son conflictos, no revisten carácter penal y se resuelven en la jurisdicción agraria (tribunales agrarios) que se han creado al respecto. El profesor recordó que estos conflictos, producto de la actividad agraria, están tipificados en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (conflictos sobre la posesión, deslinde, aclaratoria de linderos, procedimientos de desocupación o desalojos de fundos).

“En mi opinión la sentencia es justa y el TSJ tuvo razón en dictarla dado el caso concreto de avocamiento que se le presentó y que se explica muy bien en la sentencia”, expresó el abogado.

Los antecedentes

El 31 de marzo de 2011, Rafael Belisario de 65 años fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de invasión, perturbación violenta de la posesión de bienes inmuebles e incendio en el fundo San Jerónimo ubicado en Guárico.     

“La presente solicitud de avocamiento se basará fundamentalmente en el orden público constitucional controvertido contenido en sus artículos 2, 26 y 49, que supone privar a un campesino de su libertad mediante la equivoca solicitud de juzgamiento proferida ilegalmente por el Ministerio Público de tramitarle un juicio con la aplicación de leyes penales. Lo que no se corresponde con su condición humana de agricultor”, argumentó la defensa de Belisario para exigir su liberación. En el escrito también solicitaron que sea desaplicada “por control difuso” toda normativa penal para casos futuros de los delitos de Invasión y Perturbación violenta a la posesión de bienes inmuebles.

"Con Chávez se violan todos los DDHH"

Patty Fuentes Gimón

La mayoría de los Derechos Humanos son vulnerados en Venezuela, unos en mayor grado que otros. Lo cierto es que, durante los últimos 13 años, el país ha sufrido una de las peores crisis en esta materia, o al menos así lo considera la coordinadora nacional de la Comisión de DDHH de la Mesa de la Unidad, Delsa Solórzano, quien asegura que en el gobierno de Hugo Chávez se violan todos los derechos de modo sistemático.

“Hacía muchos años que esto no pasaba. En la época de Marcos Pérez Jiménez se vulneraban las libertades políticas fundamentales y eso llevaba a prisión, persecución y torturas, pero había libertades económicas garantizadas, por ejemplo. Aquí se violan desde el derecho a la vida y a la seguridad personal, hasta el ejercicio de las libertades políticas en general y la libertad de expresión”, señala.

En el marco del 63º aniversario de la Declaración Universal de DDHH, celebrado el pasado sábado, el coordinador del Centro de DDHH de la Universidad Monteávila, Luis Izquiel, recordó que dicho documento fue aprobado el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, reunida en París.

“Es histórico porque, por primera vez, 48 países del mundo (entre ellos Venezuela) se unen para declarar vigente una serie de derechos inherentes a la persona humana. Además, es universal y no regional, como las anteriores”, explica.

Los más vulnerados

Uno de los principales DDHH que más se quebranta en el país es el de la separación de poderes, que ha generado comunicados tanto de la Comisión Interamericana de DDHH como de la Comisión Internacional de Juristas y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

El caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra detenida desde hace dos años por decidir en contra de la voluntad del presidente Chávez, y el de los jueces destituidos de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, evidencian la no independencia del Poder Judicial.

“Es difícil decir que hay algún DDHH que se respete en Venezuela. En lo que concierne al derecho básico, el de la vida, hay escuadrones de la muerte que operan en diversos estados del país sin que la autoridad central haya adoptado algún tipo de medidas a fin de evitar que esto siga ocurriendo y castigar a los responsables. La tortura se continúa empleando por cuerpos policiales y militares”, denuncia el abogado especialista en DDHH, Héctor Faúndez.

Además, la situación carcelaria del país ha sido de constante tratamiento en la Comisión Interamericana de DDHH, por lo que algunos penales cuentan con medidas cautelares que no se cumplen porque en los recintos penitenciarios no han cesado las violaciones a los DDHH.

En cuanto a la libertad de expresión, Faúndez sostiene que “se han cerrado canales de televisión, radioemisoras y periódicos; se ha amenazado a medios de comunicación para que cambien su línea editorial; se ha agredido físicamente y encarcelado a periodistas o ciudadanos comunes por emitir una opinión; y se han modificado leyes para incrementar las penas del vilipendio”.

A su vez, el experto en DDHH precisa que los derechos políticos también se incumplen y, como ejemplo, utiliza el caso de Leopoldo López, pues “el Presidente no sólo quiere designar a los candidatos del PSUV, sino que también pretende hacerlo con los de la oposición, ya sea valiéndose de las inhabilitaciones o de otros mecanismos dirigidos a controlar el proceso político”.

Hagan caso a los expertos

• A los ciudadanos: Que se pongan al tanto de los derechos contenidos en la Constitución y en los pactos internacionales, ya que son inherentes a ellos.
• Al Estado: Que acate las decisiones de organismos internacionales de buena fe y diseñe un plan nacional de DDHH.

“Venezuela desacata las decisiones emanadas 

de la Corte IDH contraviniendo lo establecido 

en la Convención Americana sobre DDHH"

Luis Izquiel, coordinador del Centro de DDHH de la UMA

Estado ejecutó a 129 personas en el último año

Patty Fuentes Gimón

El derecho a la vida sigue siendo vulnerado en Venezuela. De acuerdo con el informe de Provea que abarca el período octubre 2010-septiembre 2011, fueron 173 los ciudadanos asesinados por funcionarios policiales, de los cuales 129 fueron víctimas de ejecuciones, 15 del uso indiscriminado de la fuerza, 12 de torturas o tratos crueles, 7 del uso excesivo de la fuerza, dos de la negligencia y del resto no pudieron conocerse las causas.

Este número representa una disminución de 27% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 237 víctimas de violación al derecho a la vida.

Un total de 37 cuerpos policiales, entre municipales, estadales, nacionales y la Fuerza Armada Nacional, fueron las instituciones señaladas como responsables de estos delitos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas continúa siendo el organismo con más víctimas (37 personas que equivalen a 21,39% del total), seguido de la Fuerza Armada Nacional, con 31 asesinatos (17,92%); y la recién estrenada Policía Nacional Bolivariana, con 12 (6,94%).

Este es uno de los derechos civiles y políticos que, según Provea, presentaron indicios de avances, probablemente por el proceso de  reforma policial implementado por el Gobierno y por la política de desarme. Sin embargo, esta ONG considera que para hablar de una tendencia debe mostrarse al menos durante cinco años consecutivos la reducción de estas violaciones.

Otra de las mejoras tiene que ver con la seguridad ciudadana, pues el número de homicidios disminuyó de 13.985 en 2009 a 13.080 en 2010. Aunque la reducción no es significativa, el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, explica que “veníamos en una línea de ascenso y pareciera que empezamos a descender. Esto refleja que cuando hay voluntad política se pueden obtener resultados positivos”.

Alvarado precisa que, en materia de seguridad, la principal limitación que tiene el Gobierno es que “sigue sin convocar a la sociedad para combatir este problema. La inseguridad no se puede reducir si no hay alianza con el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los gobernadores y alcaldes de todas las corrientes políticas del país”.

También hubo disminución de 52% en los casos de violaciones a la integridad personal (con 116 denuncias y 247 víctimas): las torturas se redujeron 44,45% (con 20 víctimas); los tratos crueles 78,57% (con 75 víctimas); y los heridos 73,26% (con 27 casos), entre otros.

En cuanto a la libertad personal, se registraron 324 denuncias, lo que representa una disminución de 228% respecto al lapso anterior, cuando se contabilizaron 739.

Lucha social estancada

El estudio dio a conocer también que la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales están estancados. En la lucha contra la pobreza se evidencia esto, pues desde 2007 hasta 2011 sólo ha tenido una reducción de 0,1% y, de los 23 estados del país, en 17 ha habido incremento. Situaciones parecidas ocurren con el empleo, la salud y la educación.

“A pesar de que el Gobierno tiene un discurso vinculado a estos derechos sociales ha venido disminuyendo el porcentaje que invierte en ellos en relación al Producto Interno Bruto. Uno de los derechos donde el Estado ha generado mayor expectativa en toda su gestión ha sido la vivienda. La pregunta es por qué lo que hace es reducir progresivamente la inversión en vivienda”, expresa Alvarado.

Justicia parcializada

El último informe de Provea destaca, una vez más, el incumplimiento del principio de la separación de poderes. De los 88 recursos que se interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia contra las actuaciones del Presidente de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía o la Contraloría, más de 80% fueron declarados sin lugar. “Esto revela que cuando la ciudadanía ve vulnerados sus derechos y quiere responsabilizar a los altos organismos, sus casos no prosperan dentro del TSJ”, asegura Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea.  

Se extiende la pena prepagada de Afiuni

Patty Fuentes Gimón

El ensañamiento contra María Lourdes Afiuni continúa. El martes la fiscal 37º del Ministerio Público, Emylce Ramos, solicitó al Tribunal 26º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas una prórroga de dos años más de privación de libertad para la jueza, con el pretexto de que las audiencias han sido diferidas por su responsabilidad y la de sus defensores.

Para esto la Fiscalía se basó en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que, aunque establece que no se puede sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, resalta la excepción de que el MP “podrá solicitar al juez de control una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen”.

Al respecto, el abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, asegura que “la fiscal Luisa Ortega Díaz dice que esto es por causas imputables a nosotros, pero la principal causa de que no se haya llevado a cabo el juicio oral y público es que Chávez pidió en cadena 30 años de prisión para la jueza. Además, no vamos a someterla a un juez que ha indicado ser fiel al Presidente y que nunca lo traicionaría. No se ha hecho el juicio porque el juez Alí Paredes está parcializado y tiene la orden de condenarla. No se separa de la causa por interés político”.

El abogado destaca que el caso de Afiuni es un capricho del presidente Chávez, pues “tiene miedo de que ella salga a la calle a decir lo que pasó en su caso y quiere sostener el miedo en el Poder Judicial porque los jueces no deciden conforme a la ley, sino conforme a lo que les ordenen. Se ven en el espejo de Afiuni, quien cumple una pena de banquillo, prepagada, adelantada sin haber sido condenada”.

Para Graterol este proceso penal nunca debió existir porque el Ministerio Público en la audiencia preliminar señaló que “no hubo dinero ni promesa de dinero, por lo que nunca se configuró el delito de corrupción propia por el cual está detenida desde el 10 de diciembre de 2009”.   

Este viernes ambas partes acudirán a una audiencia oral para que el juez decida si acepta la solicitud del Ministerio Público. “Como conocemos a Paredes, sabemos que se mantendrá presa por lo menos dos años más mientras continúa el proceso en su contra”, lamenta Graterol.

Un caso de DDHH, dos versiones

Patty Fuentes Gimón

Dos versiones giran en torno al caso de Luis Rafael Escobar Ugas, quien permanece detenido desde hace 15 días en el penal José Antonio Anzoátegui por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos que podrían condenarlo a 10 años de prisión.

De acuerdo con Escobar Ugas, presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, él, junto a cuatro otros miembros de esa ONG, se encontraban el pasado 21 de noviembre realizando una protesta y una vigilia frente a la sede de la Fiscalía en el estado Anzoátegui para exigir celeridad procesal.

Entre otros casos, los manifestantes solicitaban que se hiciera justicia en el caso de la dirigente social de ese estado Norma Castillo, quien a juicio de Escobar Ugas “ayudó en un proyecto de construcción de viviendas que no fue culminado”, por lo que la acusan de malversación de fondos.

“Después de la primera noche frente a la Fiscalía, ella, con otras 40 personas, fue para allá. Su esposo se me vino encima con un machete y un compañero mío le quitó el arma. Norma agarró el machete para pegarme a mí, pero el golpe le cayó a su esposo y le abrió una herida como de tres puntos en la cabeza”, relata.

Escobar Ugas añade que, como él viene denunciando a varios fiscales de Anzoátegui, muchos de ellos se confabularon con Norma Castillo para meterlo preso.

El otro lado de la moneda

Por el contrario, Castillo afirma ser una luchadora social para conseguirles viviendas a los ciudadanos y denuncia que Escobar Ugas fue quien agredió a su esposo y casi lo deja sin vida.

“Me contaron que él puso en la Fiscalía un cartel que decía: ‘Norma Castillo es una terrorista, hasta cuándo este retardo procesal, métanla presa’. Así que me fui para allá con mi esposo, mi hija de 12 años y tres directivas del Frente Movimiento de Pobladores para hablar con él”, dice.

Tras destacar que Escobar Ugas tiene denuncias por estafas, venta de drogas, hurto calificado, ente otros, Castillo cuenta que al llegar a la Fiscalía le reclamó por daños y perjuicios a su moral, a lo que él respondió con un empujón. “Mi esposo me defendió y ahí empezó el manoteo. Se metió la policía y le dijeron que se tranquilizara. Igual trató de impedirme el acceso a la Fiscalía y, como insistí, se volteó y de un carro sacó un machete. Mi esposo me tiró para un lado y le cayó el machetazo en la cabeza”, agrega.

La dirigente vecinal expresa que su esposo está vivo “por la misericordia de Dios. De casualidad no lo enterré. Lo tuve hospitalizado cuatro días y ahorita es que se está recuperando. Ugas no puede decir que está preso por culpa de los fiscales, sino porque lo agarraron en flagrancia. Tengo miedo de que lo saquen porque si fue capaz de sacar un machete, mañana puede agarrar una pistola o mandarme a matar”, sostiene, entre lágrimas.

La cultura de violencia no tiene límites

Patty Fuentes Gimón

Pese a que el porcentaje de asesinatos a menores de edad no es muy alto, cada día son más frecuentes los casos en los cuales los niños participan en homicidios, ya sea como víctimas o como victimarios.

De acuerdo con un estudio cualitativo elaborado por Incosec, que se basó en publicaciones de más de 40 periódicos, del porcentaje de muertes violentas en el país levantado por este instituto en el primer semestre de 2011, 3,5% de las víctimas fueron niños entre 6 y 14 años, mientras que 37,9% fueron jóvenes entre 15 y 24 años de edad.

Lo que motiva principalmente al homicidio es el robo como gran problema de seguridad ciudadana en Venezuela (36%), seguido de las discusiones y los ajustes de cuenta (que en total suman 36,8%).

Las cifras del informe “Somos Noticia” de Cecodap revelan que entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, 576 menores de edad fueron asesinados, lo que en promedio representa 48 homicidios a niñas, niños y adolescentes cada mes.

Con estos datos, se evidencia que una de las principales causas de la violencia en el país es la exposición constante de la población a situaciones agresivas, pues en muchos casos los ciudadanos ven como alternativa la violencia en la resolución de conflictos que son propios de la convivencia en cualquier sociedad.

Según Unicef, existen tres factores que influyen en la incorporación de adolescentes en la delincuencia: el entorno violento, el fácil acceso a las armas y a las drogas lícitas o ilícitas.

“La cultura de violencia ya no tiene límites. En algunos lugares hay causas que agravan la situación, pero lo cierto es que la violencia se nos ha venido haciendo natural porque se ha vuelto cultura, lo que significa que ya no reaccionamos frente a eso”, explica la coordinadora del Programa de Educación para la Paz de Fe y Alegría, Luisa Pernatele, quien utiliza como ejemplo el caso del joven de 11 años que presuntamente fue asesinado el pasado mes en Montalbán por un compañero de su misma edad, al parecer por una discusión mientras jugaban Playstation.

No hay políticas públicas

Fernando Pereira, coordinador general de Cecodap, considera que los patrones de masculinidad en la sociedad venezolana también promueven la violencia, pues “a los niños desde pequeños la única expresión emocional que se les permite es la rabia. El varón en nuestro entorno no puede llorar ni manifestar debilidad. Si les pegan en la escuela, los mandamos a devolver el golpe. Estamos programándolos para que la forma de resolver los conflictos sea la violencia. Así crecen y cuando llegan a la adolescencia, la situación empeora”.

Por su parte, Pernalete destaca que la violencia no sólo es física, sino también verbal, y señala que contar con leyes no es suficiente para abordar esta problemática.

“Además, los niños se están criando solos en todos los sectores, por lo que están siendo de alguna manera abandonados y se refugian en el Internet y en la televisión. También es preocupante que la mayoría de los niños han visto armas, ya sea porque los delincuentes no la esconden o porque han sido víctimas de un asalto”, sostiene.

La vocera de Fe y Alegría a su vez denuncia la ausencia de políticas públicas y de trabajos de prevención sistemáticos. “Las instituciones que antes se ocupaban de los muchachos (familia, escuela e iglesia) han perdido liderazgo en la sociedad. Nos hemos ido desinstitucionalizando y hay un enrome desprecio por las normas”, dice.

Gobierno busca quiebre de Globovisión

Patty Fuentes Gimón

Al Gobierno, de vez en cuando, le importa la opinión pública. Pese a que su interés en que Globovisión cierre es indudable, no se ha atrevido a apagar su señal de forma directa. Lo que ha hecho es dedicarse a hostigarlo, amenazarlo y sancionarlo con multas impagables para ahorcarlo económicamente.

Así lo considera el abogado Ricardo Antela, quien ayer, en el marco del decimoséptimo aniversario del referido medio de comunicación, señaló que aunque tienen plazo hasta el 31 de diciembre para pagar la multa aplicada por la transmisión de los sucesos de las cárceles Rodeo I y II, lo que han hecho hasta ahora es defender sus derechos.

“Esa multa es impagable”, reiteró, al tiempo que explicó que están a la espera de una medida cautelar y de un amparo constitucional. “Han pasado más de tres semanas desde que presentamos la acción y solicitamos el amparo. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en sus artículos 36 y 77 establece tres días hábiles para admitir la acción de nulidad y decidir el amparo constitucional cautelar”, sostuvo.

Por esta razón, ayer los representantes del canal acudieron a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo a exigir tutela judicial. “No deja de llamar la atención el caso de Kevin Ávila: el 24 de noviembre en la mañana se presentó la acción y en la tarde el Presidente lo defendió y lo abrazó públicamente. El mismo 25 de noviembre en la mañana, menos de 24 horas después, esa misma Corte le dio un amparo cautelar. No puede ser que la justicia trabaje tan rápida y efectivamente para unos ciudadanos y tan retardada para otros”, manifestó el abogado defensor del canal.

Claman justicia

A través de un comunicado los trabajadores de Globovisión aseguraron que más que para celebrar el 17º aniversario del canal, se reunieron por un “clamor de justicia” y porque están convencidos de que su deber es “informar de manera ética, oportuna, responsable y sin autocensura sobre los asuntos de interés público, como por ejemplo fueron los hechos en la cárcel El Rodeo”.

Tras destacar que la sanción impuesta por un directorio parcializado es política y pretende, en vísperas de un año electoral, atemorizar a los periodistas, los empleados del canal refirieron en el texto que la multa es inconstitucional, injusta e impagable, y que no sólo afecta a sus accionistas y trabajadores, sino a todos los venezolanos.

"Estábamos ilegales por culpa de ellos"

Patty Fuentes Gimón

Al menos 20 emisoras de radio han sido cerradas por Conatel en los últimos dos meses. La forma en que han desalojado los equipos y los pretextos que utilizan para tomar esta medida ponen en evidencia que no se trata, como explican, de un “plan de acción para el control de la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones”, sino de una estrategia política.

Tal es el caso de Machiques 106.3, una de las tres emisoras de Perijá, en el estado Zulia, a la cual se le aplicó el pasado 2 de noviembre una medida cautelar por presunta “actividad clandestina”.

Sin embargo, el propietario de la radio, Robinson Millano, denuncia que no pueden calificarlos de clandestinos porque antes habían sido inspeccionados y tenían más de 10 años funcionando. “Estábamos ilegales por culpa de ellos. Desde 2006 estábamos esperando respuesta de Conatel. Habíamos entregado toda la permisología que exigen y hasta habíamos pagado alrededor de Bs 13 millones”, dice.

Millano relata que “un piquete de más de 50 guardias llegó a la emisora. Agarraron al operador, que no cargaba las llaves, fueron al liceo donde trabaja mi esposa y la sacaron de ahí con amenazas, intimidación y armas largas. Buscaron las llaves en mi casa, asaltaron la radio y le dieron a mi esposa un trato como si fuese la peor de las delincuentes”, expresa.  

La rabia del salto de talanquera

En el caso de esta emisora la intención política parece ser muy clara, pues Millano confiesa que durante casi 20 años apoyó al presidente Hugo Chávez, es capitán retirado de la aviación, fue el fundador del MVR en Machiques, director regional del INTI y del Tránsito Terrestre, prefecto del municipio Machiques y candidato a esa alcaldía en 2000.

“Pero en 2002 comencé a ver que Chávez promueve la lucha de clases y que ha habido una desviación absoluta. Mi emisora era la única firmemente opositora de la zona. Mientras estuve con el chavismo no tuve problemas con la radio”, añade.

Emisoras cerradas en los últimos dos meses

18/10 en Carora: Éxitos 95.7 FM y Ligera 98.7 FM

31/10 en Valencia: Cosmopolitan 107.9 FM

2/11 en Falcón: Enamórate 95.3 FM y Viajera 101.7 FM

2/11 en Zulia: K’lor 92.1 FM, Romance 104.3 FM y Machiques 106.3 FM

5/11 en Zulia: Titán 98.5 FM y Coquivacoa 102.7 FM

9/11 en Miranda: Maxilider 97.1 FM y Sol 98.1 FM

24/11 en Monagas: Activa 93.9 FM, Digital 90.1 FM, Elim Estereo 90.3 FM y Rema Estereo 101.3 FM

28/11 en Táchira: Extrema 97.1 FM y Vida 98.7 FM

30/11 en Miranda: Soberana 92.5 FM

30/11 en Distrito Capital: Amiga 97.1 FM

Globovisión: 11 de 17 años recibiendo palo

Patty Fuentes Gimón

De los 17 años que Globovisión lleva al aire, al menos once han sido esquivando amenazas, hostigamiento y apertura de procedimientos por parte del Gobierno.

Hasta el año 2001, las relaciones gubernamentales con el canal eran institucionales. Tanto así, que en 1999 el Premio Nacional de Periodismo fue entregado a este medio de comunicación, ya que en aquella época se otorgaba “independientemente de las condiciones políticas”, asegura el actual abogado de Globovisión, Ricardo Antela.

Quizás esto se debía a que el canal apenas estaba empezando, por lo que “no tenía el nivel de influencia que tiene ahora”, explica el director de Espacio Público, Carlos Correa. Pero en 2001 el Gobierno abrió a Globovisión el primer procedimiento, conocido como el caso de los taxistas; y en 2003, el del paro nacional.

En el año 2004, cuando se aprobó la Ley Resorte, la situación empeoró. Desde entonces, la relación es de “permanente hostigamiento e intimidación. La intención parece ser la autocensura y, en última instancia, ahorcar económicamente al canal para que deje de ser viable sin que sean ellos quienes nos pongan un candado. Pero si el Gobierno quiere cerrarnos, tendrá que venir a hacerlo porque Globovisión no ha cerrado ni planea cerrar”, afirma Antela, quien también precisa que en total han sido nueve los procedimientos que les han abierto.

A juicio de Correa, las circunstancias variaron en 2004 también porque el presidente Hugo Chávez ganó el referéndum. “Ahí se dio un proceso de consolidación de la plataforma gubernamental y una estrategia de debilitamiento de los medios audiovisuales”, agrega.

De acuerdo con el abogado del canal, el Gobierno se ha puesto en contra de todos los medios independientes, pero sobre todo del que él defiende, debido a que está enteramente dedicado a la información. Sin embargo, aclara que la línea editorial del canal no es “antigobierno”, sino “la independencia frente a cualquier gobierno, la pluralidad, el compromiso de informar y la defensa de los Derechos Humanos”.

Descalificación trae agresión

Carlos Correa sostiene que siempre ha habido confrontación entre el poder político y los medios de comunicación, pero la diferencia entre los pasados gobiernos y el de Chávez es que, aunque antes los medios se veían como adversarios, nunca se planteaban la idea de que pudiesen ser cerrados.

“También había posibilidad de alternabilidad en el poder. Una de las características en los últimos tiempos es la permanencia. Los que están en el poder no se plantean que pueden perder las elecciones. Ese es un mecanismo que lleva a cometer atropellos y genera comportamientos arbitrarios”, señala.

El experto en materia comunicacional indica que en los últimos años el patrón ha sido de sistemática descalificación, lo que produce agresiones a reporteros y medios sin que haya castigo para los responsables, además de que se han desdibujado las garantías judiciales. “Paralelo a eso, se han desarrollado o ampliado normas para aplicar sanciones penales o delitos de opinión”, dice. 

Procedimientos abiertos a Globovisión

Antes de la Ley Resorte

1.      2001: Caso de los taxistas.

2.      2003: Caso del paro nacional

Después de la Ley Resorte

1.      Octubre 2008: Declaraciones de Rafael Poleo

2.      Noviembre 2008: Declaraciones de Henrique Salas Feo

3.      Mayo 2009: Cobertura que dio el canal al sismo

4.      Junio 2009: Por “coadyuvar en la comisión de delitos”

5.      Julio 2009: Transmisión de la campaña a favor de la propiedad firmada por Cedice y Asoesfuerzo

6.      Septiembre 2009: Transmisión de mensajes de texto

7.      Junio 2001: Transmisión de imágenes en el caso de las cárceles Rodeo I y II. Este es el único decidido

Masacres en tiempos de Chávez

Patty Fuentes Gimón

A falta de respuesta por parte de la justicia venezolana, Cofavic y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó el lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Néstor José Uzcátegui, quien fue asesinado el 1º de enero de 2001 presuntamente por funcionarios de la Policía de Falcón.

De acuerdo con las ONG denunciantes, los uniformados irrumpieron en casa de Uzcátegui, golpearon a los demás miembros de la familia y detuvieron de forma arbitraria a Luis Uzcátegui, hermano de la víctima y principal testigo del homicidio, quien también asegura que frecuentemente es amenazado y agredido por querer conseguir justicia.

“Han sido diez años muy duros. Tal vez mi familia y yo podríamos cambiarle el semblante a esta Navidad. Tengo la plena convicción de que son imparciales y que darán un veredicto razonable”, manifestó Luis Uzcátegui, durante su declaración en la audiencia ante la CorteIDH que emitirá su sentencia en el segundo semestre de 2012.

Pese a los años que han transcurrido desde entonces, el caso todavía no ha pasado de la etapa de investigación. El Estado no ha negado que fueron policías quienes protagonizaron la ejecución extrajudicial, ni ha contradicho que los funcionarios ingresaran al domicilio de los Uzcátegui sin orden de un juez competente.

El asesinato de Néstor José Uzcátegui representa a más de 260 episodios de este tipo, ocurridos entre los años 2000 y 2005. Así lo dio a conocer ante la CorteIDH Giancarlo Guerrero, director del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Familiares del Estado Falcón, quien además destacó que la mayoría de estas muertes permanece impune.

Acusan a la GN

Seis años no han sido suficientes para hacer justicia en las ejecuciones de Mario Buroz, Edgar Soterán y Francisco Mora, funcionarios de la Policía de Aragua que presuntamente fueron asesinados por efectivos de la Guardia Nacional el 3 de junio de 2005 cuando realizaban un trabajo de inteligencia encomendado por la Fiscalía 19 del Ministerio Público.

El juicio de la llamada “Masacre de Santa Rosa” inició el 22 de abril de 2009, pero se interrumpió en septiembre de ese mismo año porque la jueza Betty Alcántara, entonces titular del Tribunal 5º de Juicio del Circuito Judicial Penal de Aragua, fijó la fecha de juicio fuera del límite máximo que permite la ley.

El segundo juicio oral y público seguido en contra de César Omar Peña, Andrés Aguilera, Antonio José Galea y Adonai Rafael Díaz Molina, comenzó el 20 de mayo de 2010 y se interrumpió el pasado 24 de noviembre, es decir, deberá ser realizado desde su inicio por no haberse reanudado el debate en el undécimo día desde la última suspensión, según informó el juez Nelson García, del Tribunal 5º de Juicio Mixto de Aragua.

“La interrupción del juicio fue, a todas luces, una estrategia de los abogados de la defensa para entorpecer la administración de justicia. Lo que es aún más grave es que el juez Nelson García tomó y avaló la táctica dilatoria de interrumpir el juicio, quien pudiendo tomar medidas para evitar la interrupción, se abstuvo de hacerlo, vulnerando el debido proceso y los derechos de las víctimas”, sostiene Rafael Garrido, abogado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Y la FAN también

El martes 22 de noviembre al menos cuatro campesinos fueron asesinados presuntamente por efectivos de la FAN en la reserva forestal de San Camilo, en el Alto Apure. El Ministerio de Defensa dijo que fue un enfrentamiento. Sin embargo, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y diversos vecinos denuncian que lo que hubo fue una masacre en contra de “trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona”. Ayer, el diputado por Táchira Leomagno Flores, detalló que aún hay varios heridos incomunicados en el hospital de San Cristóbal, que los cadáveres presentaron señales de tortura, que hubo demora en entregar los cadáveres, que resulta sospechoso el silencio del gobernador de Apure y que este hecho fue para beneficiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por esto, propuso que la Comisión de Defensa y Seguridad investigue el caso que, según su información, dejó cuatro muertos, tres heridos, dos detenidos y dos desaparecidos.

Ajusticiamiento en el Alto Apure

Patty Fuentes Gimón

Lo que primero fue revelado como un enfrentamiento entre la sociedad civil y la FAN en el Alto Apure ahora se denuncia como una masacre por parte de militares, en la cual fueron asesinados cuatro campesinos y otros tres sobrevivieron.

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, había informado que la madrugada del pasado martes 22 de noviembre “miembros del 923 batallón de Caribes ‘Sucre’ tuvieron un enfrentamiento armado en la reserva forestal de San Camilo, municipio especial del Alto Apure, con integrantes de un grupo generador de violencia, que según informaciones, se dedicaba al robo y contrabando de ganado”.

Sin embargo, con los días se ha ido destapando la olla. El pasado sábado, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora desmintió esa versión y sostuvo que los fallecidos “eran luchadores sociales, revolucionarios y trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona”, y que si se hubiese tratado de delincuentes, “no se justifica, en tiempos de revolución, la vil práctica del ajusticiamiento”.

Ello coincide con la investigación que Provea ha realizado. “No hubo enfrentamiento. Los campesinos fueron detenidos y ejecutados. Algunos de ellos eran líderes del PSUV. Eran personas conocidas; en el entierro había mucha gente, fue como un sepelio protesta”, explica el coordinador general de esa ONG, Marino Alvarado.

Abusos que se repiten

De acuerdo con la información que ha logrado recopilar Provea, el coronel Ángel Serdeño, a quien se responsabiliza de las muertes de los cuatro campesinos, “ha recibido muchas denuncias desde hace varios meses por abusos cometidos por parte de la FAN bajo su mando. Parece que es una persona bastante déspota”.

Alvarado indica que el problema es genérico, pues “el teatro de operaciones históricamente ha funcionado como un gobierno paralelo al poder civil. La gente del Alto Apure siempre está sometida a la actitud democrática o no democrática que tengan los militares”.

Además, manifiesta que actualmente “pareciera que estamos ante un teatro de operaciones con una oficialidad de actitud arbitraria. En general, hay un descontento”.  

Como El Amparo

Para Marino Alvarado, esta masacre tiene mucha similitud con la de El Amparo, ocurrida en 1988, debido a que la primera versión oficial habló de un enfrentamiento y fue desmentida por los sobrevivientes. Además, le da importancia al hecho de que quienes están denunciando que se trata de una ejecución militar son del PSUV y a que, una vez más, haya estado involucrada la FAN.

La lucha contra la pobreza se estancó

Patty Fuentes Gimón

Pese a que el discurso del actual Gobierno generalmente va orientado hacia la lucha por los derechos sociales, en los últimos cuatro años la pobreza sólo ha disminuido en 0,1%, en una coyuntura de alto precio petrolero y desde antes de que iniciara la crisis económica mundial.

Así lo dio a conocer el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, quien destacó que hasta el año 2006, el Gobierno logró reducir este fenómeno en 21,6%, pero “en su segundo mandato la lucha contra la pobreza se estancó, pues en 2007 el índice era de 27,5% y, hoy en día, está en 27,4%, lo que significa que 2 millones de habitantes se encuentran en situación de pobreza”.

Desde el primer semestre de 2007 hasta el mismo período de este año, en 17 de los 23 estados del país aumentó la pobreza, en algunos hasta 11 puntos, reveló Alvarado, en el foro “Venezuela: ¿en democracia?”, realizado ayer en la UCAB con motivo del décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana.

Una situación parecida ocurre en cuanto al desempleo que, en 2004, momento en el que se creó la Misión Vuelvan Caras, el índice era de 16,7% y el presidente Hugo Chávez prometió llevarlo a 5%. Sin embargo, a pesar de la enorme inversión, sólo bajó a 14%, según datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas. Peor aún, desde 2007 hasta hoy ha ido creciendo progresivamente: de 7,5% a poco más de 8%.

Además, mientras en 2006, cuando el Gobierno se encontraba en campaña electoral, se invertía 6,8% del Producto Interno Bruto en derechos sociales, el pasado año sólo se usó 2,4% del PIB para tal fin.

Lo militar como prioridad

Por si fuera poco, cada vez es mayor el gasto bélico por parte del Gobierno. Según Alvarado, quien se basa en los datos del INE, el Estado invierte en ese ámbito 33% más que en el Ministerio de la Mujer y 70% más que en el Ministerio de los Pueblos Indígenas.

“También se gasta dos veces más en lo militar que en salud, seguridad ciudadana o inversión social. Desde el punto de vista de gestión pública, el presupuesto no se destina a donde debería. El interés debería privar en atacar la pobreza, pues no puede haber democracia con tantas personas en situación de pobreza”, expresa el coordinador general de Provea.

Socialismo obligado

Si el Gobierno de Chávez prácticamente no ha progresado en derechos sociales desde el año 2006, ¿a qué se ha dedicado entonces?

De acuerdo con Marino Alvarado, de Provea, el Presidente se ha enfocado en “imponer el socialismo, pero las ideologías no se imponen y, según las encuestas, la mitad de la población no cree en el socialismo”.

Además, sostiene que el Gobierno ha puesto un gran esfuerzo en el tema militar por la “paranoia de que lo van a invadir”. Sin embargo, asegura que “no se puede hablar de desarme y al mismo tiempo crear milicias en las escuelas o invertir en armas de guerra. Eso es un doble discurso”.  

“En 2006 el Gobierno se radicalizó con un discurso que reivindica el socialismo pero con resultados pobres”  

Marino Alvarado, coordinador general de Provea