Patty Fuentes Gimón
Que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, haya asomado la posibilidad de trasladar a los privados de libertad del Sebin a “otros centros de reclusión” causó inquietud en los familiares de los reos.
“Si eso llega a pasar, nos van a poner peor de lo que ya estábamos. Vamos a estar entre ansiedad, nervios y preocupación porque no es lo mismo estar en el Sebin (el Helicoide), donde están un poco seguros, que ir a meter a unos policías con unos malandros. Ahorita por lo menos pueden dormir tranquilos de que no va a haber un motín y, además, la visita es con un trato decente, a diferencia de las revisiones que hacen en las otras cárceles”, expresa Dayana Vivas, hija del comisario Henry Vivas, detenido por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Sin embargo, tanto la joven como los abogados consideran que si son trasladados a Ramo Verde, en Los Teques, sería una decisión correcta porque “como es una cárcel militar, tienen toda la seguridad del mundo”, señala Theresly Malavé, defensora de los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero.
“En Ramo Verde tendrían la oportunidad de redimir la pena con estudio y trabajo. También podrían salir al sol. La vida les cambiaría a la que debe tener un preso. De resto, en ninguna otra cárcel pueden estar porque ponen en peligro sus vidas. Ninguna otra tiene las condiciones para albergar a los presos políticos. Si no han podido garantizar la seguridad de los presos del país y ahora está peor el sistema de justicia, ¿cómo va a pensar la ministra ahora en cambiarlos de sitio?”, se pregunta Malavé.
Parámetros internacionales
Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, explica que existen parámetros que permiten definir a qué tipo de institución penitenciaria debe ir una persona de acuerdo con el tipo de pena que esté cumpliendo. “Habría que reconocerles su carácter de presos y perseguidos por motivos políticos, lo que implicaría que su lugar de reclusión no puede ser una cárcel en la que vayan a convivir con delincuentes comunes. Al propio Chávez se le trató como preso político y contó con las garantías que debía”, dice.
La legislación venezolana no distingue entre presos comunes y políticos, pero la doctrina internacional impone que se les trate diferente a los detenidos por motivos políticos. “Quizás no debe ser de una forma más privilegiada, pero sí de manera diferente porque para que haya resocialización no deben mezclarse los diferentes tipos de delincuentes”, añade el abogado penalista.
Himiob aplaude la iniciativa de la ministra porque “el Sebin no está habilitado ni estructural ni legalmente como un sitio para que las personas permanezcan recluidas más del lapso de la detención preventiva”. No obstante, sugiere que también deben ser valorados los internos que ya pueden optar por medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pues “si se quiere cumplir con la ley, que se haga tanto en un sentido como en otro”.
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