Patty Fuentes Gimón
Doce años han sido más que suficientes para evidenciar que la Constitución de 1999 deja caminos para que el Gobierno establezca un sistema socialista-comunista, debido a los poderes aumentados con los que goza el Presidente de la República.
Así lo considera el abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien sostiene que hay una especie de contradicción en la Carta Magna, pues aunque promueve la descentralización, el Estado federal y mayor poder para los estados y municipios, permite que el Ejecutivo, entre otras cosas, controle de manera absoluta y sin ningún tipo de intervención por parte del Poder Legislativo todo lo referente a la Fuerza Armada Nacional.
“Además, al darle una Ley Habilitante en cualquier área, le está concediendo facultad para legislar. Eso ha facilitado que el presidente Chávez no cumpla con los artículos que promueven la descentralización y, por el contrario, haya concentrado el poder a través del paquete de leyes de 2007 y de los decretos ley que ha dictado durante el último año”, dice.
Es por ello que el constitucionalista asegura que la Asamblea Nacional ha sido utilizada como un cuerpo legislativo del Presidente, quien lo ha manejado según sus intereses para centralizar cada vez más el poder “bajo el esquema político del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que es el primer proyecto socialista de la nación, donde más se le ha hecho daño a la Constitución”.
El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar coincide con Haro y añade que la Carta Magna es una “tienda por departamento, ya que la parte dogmática (que tiene que ver con los principios, valores y DDHH) muestra una Constitución ambiciosa, pero la parte orgánica (la que organiza la estructura del Estado y de los poderes públicos) tiene un andamiaje de vocación autocrática, militarista y personalista”.
A juicio de Aguiar, “el pecado original de todo lo que ha ocurrido en estos 12 años está en la Constitución, pues en ella nació el actual modelo que deifica al Estado y consagra al poder como algo que está por encima de cualquier ciudadano. Esto se debe a que fue redactada por el chavismo; 98% de los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente los tenía el chavismo. Para cualquier país del mundo las constituciones no son documentos que aprueban la mayoría, sino el resultado del consenso social de todos los actores del país, mayorías y minorías”.
Estado paralelo
Pese a que expresa que la realidad demostró que una cosa es escribir un texto constitucional y otra es quién lo gobierna, el constituyentista Froilan Barrios no piensa igual que los otros dos expertos.
“Aquí se ha montado un Estado paralelo que no está en la Constitución. Este es el Estado comunal, ya que no se tenía planteado el socialismo, los consejos comunales, violar el Consejo Federal ni violentar la descentralización. En 1999 el Gobierno tenía una visión progresista de la sociedad, pero ahora tiene una posición reaccionaria que contradice por completo los preceptos constitucionales”, agrega.
“Hay que cambiar la concepción constitucional de 1999 porque que no nos permite madurar como país hacia formas de organización pública más democráticas”
Asdrúbal Aguiar, ex juez de la CorteIDH
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