Patty Fuentes Gimón
Al Gobierno, de vez en cuando, le importa la opinión pública. Pese a que su interés en que Globovisión cierre es indudable, no se ha atrevido a apagar su señal de forma directa. Lo que ha hecho es dedicarse a hostigarlo, amenazarlo y sancionarlo con multas impagables para ahorcarlo económicamente.
Así lo considera el abogado Ricardo Antela, quien ayer, en el marco del decimoséptimo aniversario del referido medio de comunicación, señaló que aunque tienen plazo hasta el 31 de diciembre para pagar la multa aplicada por la transmisión de los sucesos de las cárceles Rodeo I y II, lo que han hecho hasta ahora es defender sus derechos.
“Esa multa es impagable”, reiteró, al tiempo que explicó que están a la espera de una medida cautelar y de un amparo constitucional. “Han pasado más de tres semanas desde que presentamos la acción y solicitamos el amparo. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en sus artículos 36 y 77 establece tres días hábiles para admitir la acción de nulidad y decidir el amparo constitucional cautelar”, sostuvo.
Por esta razón, ayer los representantes del canal acudieron a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo a exigir tutela judicial. “No deja de llamar la atención el caso de Kevin Ávila: el 24 de noviembre en la mañana se presentó la acción y en la tarde el Presidente lo defendió y lo abrazó públicamente. El mismo 25 de noviembre en la mañana, menos de 24 horas después, esa misma Corte le dio un amparo cautelar. No puede ser que la justicia trabaje tan rápida y efectivamente para unos ciudadanos y tan retardada para otros”, manifestó el abogado defensor del canal.
Claman justicia
A través de un comunicado los trabajadores de Globovisión aseguraron que más que para celebrar el 17º aniversario del canal, se reunieron por un “clamor de justicia” y porque están convencidos de que su deber es “informar de manera ética, oportuna, responsable y sin autocensura sobre los asuntos de interés público, como por ejemplo fueron los hechos en la cárcel El Rodeo”.
Tras destacar que la sanción impuesta por un directorio parcializado es política y pretende, en vísperas de un año electoral, atemorizar a los periodistas, los empleados del canal refirieron en el texto que la multa es inconstitucional, injusta e impagable, y que no sólo afecta a sus accionistas y trabajadores, sino a todos los venezolanos.
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