Patty Fuentes Gimón
El derecho a la vida sigue siendo vulnerado en Venezuela. De acuerdo con el informe de Provea que abarca el período octubre 2010-septiembre 2011, fueron 173 los ciudadanos asesinados por funcionarios policiales, de los cuales 129 fueron víctimas de ejecuciones, 15 del uso indiscriminado de la fuerza, 12 de torturas o tratos crueles, 7 del uso excesivo de la fuerza, dos de la negligencia y del resto no pudieron conocerse las causas.
Este número representa una disminución de 27% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 237 víctimas de violación al derecho a la vida.
Un total de 37 cuerpos policiales, entre municipales, estadales, nacionales y la Fuerza Armada Nacional, fueron las instituciones señaladas como responsables de estos delitos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas continúa siendo el organismo con más víctimas (37 personas que equivalen a 21,39% del total), seguido de la Fuerza Armada Nacional, con 31 asesinatos (17,92%); y la recién estrenada Policía Nacional Bolivariana, con 12 (6,94%).
Este es uno de los derechos civiles y políticos que, según Provea, presentaron indicios de avances, probablemente por el proceso de reforma policial implementado por el Gobierno y por la política de desarme. Sin embargo, esta ONG considera que para hablar de una tendencia debe mostrarse al menos durante cinco años consecutivos la reducción de estas violaciones.
Otra de las mejoras tiene que ver con la seguridad ciudadana, pues el número de homicidios disminuyó de 13.985 en 2009 a 13.080 en 2010. Aunque la reducción no es significativa, el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, explica que “veníamos en una línea de ascenso y pareciera que empezamos a descender. Esto refleja que cuando hay voluntad política se pueden obtener resultados positivos”.
Alvarado precisa que, en materia de seguridad, la principal limitación que tiene el Gobierno es que “sigue sin convocar a la sociedad para combatir este problema. La inseguridad no se puede reducir si no hay alianza con el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los gobernadores y alcaldes de todas las corrientes políticas del país”.
También hubo disminución de 52% en los casos de violaciones a la integridad personal (con 116 denuncias y 247 víctimas): las torturas se redujeron 44,45% (con 20 víctimas); los tratos crueles 78,57% (con 75 víctimas); y los heridos 73,26% (con 27 casos), entre otros.
En cuanto a la libertad personal, se registraron 324 denuncias, lo que representa una disminución de 228% respecto al lapso anterior, cuando se contabilizaron 739.
Lucha social estancada
El estudio dio a conocer también que la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales están estancados. En la lucha contra la pobreza se evidencia esto, pues desde 2007 hasta 2011 sólo ha tenido una reducción de 0,1% y, de los 23 estados del país, en 17 ha habido incremento. Situaciones parecidas ocurren con el empleo, la salud y la educación.
“A pesar de que el Gobierno tiene un discurso vinculado a estos derechos sociales ha venido disminuyendo el porcentaje que invierte en ellos en relación al Producto Interno Bruto. Uno de los derechos donde el Estado ha generado mayor expectativa en toda su gestión ha sido la vivienda. La pregunta es por qué lo que hace es reducir progresivamente la inversión en vivienda”, expresa Alvarado.
Justicia parcializada
El último informe de Provea destaca, una vez más, el incumplimiento del principio de la separación de poderes. De los 88 recursos que se interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia contra las actuaciones del Presidente de la República, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía o la Contraloría, más de 80% fueron declarados sin lugar. “Esto revela que cuando la ciudadanía ve vulnerados sus derechos y quiere responsabilizar a los altos organismos, sus casos no prosperan dentro del TSJ”, asegura Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea.
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