Patty Fuentes Gimón
Han transcurrido nueve meses desde que a los comisarios y policías detenidos por los sucesos del 11 de abril se les dictó sentencia definitivamente firme. En mayo de 2010, la Sala de Casación Penal del TSJ no admitió un recurso de casación que se le presentó, por lo que el expediente pasó al Tribunal 1° de Ejecución de Maracay y aún no se ha dictado el auto de ejecución correspondiente.
“No es posible que un tribunal se tome más de 9 meses para ejercer una función que no debería demorar más de tres días. Lo que sucede es que apenas se dicte el auto de ejecución, les corresponde la libertad por Destacamento de Trabajo a los tres comisarios y seis funcionarios de la PM”, explica el abogado José Luis Tamayo, quien destaca que “los que tienen condena de 30 años de prisión ya son acreedores de un primer beneficio penitenciario y los de la condena de 16 y 17 años, ya deberían estar en libertad”.
Pisotean también la salud
Al Estado no le ha bastado con condenarlos a 30 años de prisión. Además, viola constantemente sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la dignidad humana y a la salud.
En diversas oportunidades, se ha denunciado que la sede del Sebin, donde están recluidos los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, no está en condiciones de que ningún ser humano pague una condena de 30 años de prisión. Sin embargo, el tribunal ha hecho caso omiso de las solicitudes de traslado a la cárcel Ramo Verde.
Un ejemplo claro de esto es que Forero presenta desde diciembre problemas de glaucoma en ambos ojos, de próstata y de piel por no recibir sol oportunamente. Pero, aunque se han hecho peticiones de urgencia médica para el comisario, el tribunal tampoco ha dado respuesta a esto.
Ante esta situación, Tamayo informó que la próxima semana acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, para impulsar una vez más la denuncia que presentaron en noviembre “por las gravísimas irregularidades en las que incurrió el Estado durante la tramitación del proceso de los comisarios”.
Impunidad
De las 79 investigaciones penales que inició la Fiscalía en torno a los hechos del 11 de abril, sólo tres pasaron de la fase de investigación. Estas son:
- Caso del grupo de efectivos de la Guardia Nacional que fueron capturados por las cámaras disparando contra los manifestantes de la oposición.
- Caso de los 63 “Pistoleros de Puente Llaguno” que fueron absueltos en diciembre de 2007, tras recibir una ley de amnistía sin haberse sometido a un proceso penal.
- Caso de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero (sentenciados a 30 años de prisión), y a los funcionarios de la PM Marco Hurtado, Arube Pérez Salazar (sentenciados a 17 y 16 años, respectivamente), Héctor Rovaín, Julio Rodríguez, Luis Molina y Erasmo Bolívar (también sentenciados a 30 años).
En el resto de las investigaciones se decretó el sobreseimiento o un archivo fiscal.
“Siempre se ocultó, se falseó, se desvirtuó la verdad de los hechos ocurridos ese día. Se han usado todos los recursos presupuestarios e institucionales para formar otra versión de los hechos, vulnerando principios legales y constitucionales hasta establecer una nueva y bizarra justicia”
Abogado José Luis Tamayo
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