Patty Fuentes Gimón
(Invitada especial a Oslo, Noruega)
Bajo su responsabilidad estuvo la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería venezolana. Durante siete años Milagros Betancourt se desempeñó como directora de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese período le correspondió negociar el Estatuto de Roma, por lo que mantenía cercanía con las Naciones Unidas. Pero en el año 2002 su cargo terminó.
―¿Su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo relacionada con la forma en que el Gobierno se manejaba?
―Fue un proceso de desmantelamiento de la Cancillería. No fue con nombre y apellido ni en particular contra mi persona, sino que fue una decisión de ir poco a poco desmantelando el Ministerio hasta llegar a lo que tenemos ahora, que no hay personal de carrera.
―¿Cómo evalúa la situación de los Derechos Humanos en Venezuela?
―En principio, creo que ha habido un deterioro importante en la garantía de los DDHH. Independientemente de quién esté dirigiendo los destinos de Venezuela, es una situación que no es posible ocultar, en primer lugar por el tema de la inseguridad, que es un tema extremadamente sensible a los ciudadanos. El no poder garantizar la seguridad personal, la integridad y la vida humana representa una involución de la garantía de los DDHH. Por otro lado, la base de la libertad de expresión está en que cualquiera pueda expresarse libremente sin que eso traiga consecuencias, pero en Venezuela no es así. Además, es muy difícil acceder a la justicia y cuando se logra, no se garantiza que se tendrá un juicio justo. Lamentablemente, a pesar de todo lo que se criticó en tiempos anteriores, hoy en día no se han tomado las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el cumplimiento de los DDHH.
―En los cuatro años que estuvo en la Cancillería, durante el gobierno de Hugo
Chávez, ¿notó una involución inmediata?
―Es una cuestión absolutamente paradójica. Durante los primeros años del presidente Chávez se ratificó el Estatuto de Roma, Venezuela ejerció la vicepresidencia de la Comisión de DDHH en Ginebra y también la presidencia del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tuvimos una participación muy activa en materia de DDHH a nivel internacional, pero nacionalmente las cosas empezaron a involucionar y ocurrieron hechos como la destitución de los funcionarios de Pdvsa. Se sucedieron una serie de acontecimientos que iban a contramano de lo que era la imagen internacional que estábamos dando en la defensa de los DDHH.
―Diez casos de Venezuela han sido llevados a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. ¿Por qué el Gobierno no acata las sentencias?
―Los convenios internacionales se suscriben entre Estados. No importa el gobierno que venga, los convenios permanecen. En el año 1969, Venezuela suscribió la Convención Americana sobre los DDHH, lo que significa que todas las decisiones que adopte la Corte son de obligatorio cumplimiento para Venezuela. El problema está en que el actual Gobierno considera que eso no es así y ha hecho una interpretación de la Convención, en cabeza del Poder Judicial, señalando que debe tener el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia para que esas sentencias sean aplicadas. Eso lamentablemente nos pone al margen del cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Si el Estado venezolano asumió algún compromiso, el gobierno de turno tiene que cumplirlo. Pero Venezuela ha hecho caso omiso de los compromisos que ha asumido y de las decisiones de la Corte Internacional.
“Tenemos una Constitución que ofrece absoluta garantía de los DDHH, pero en la realidad partimos de la inexistencia del Estado de Derecho”
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