Abusos policiales impunes

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

José Cupertino es un comerciante de 52 años que fue secuestrado y hurtado por cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el año 2004. Él es una de las tantas víctimas de abusos policiales en el estado Lara.

Aunque los cuerpos de seguridad intentaron intimidarlo, Cupertino no dudó en poner la denuncia en la Fiscalía y en la sede del Cicpc.

“Cuando llegué a Asuntos Internos del Cicpc de Lara, el que me abrió la puerta fue el inspector Juan Vicente Gori Castellanos, quien dirigía a los que me robaron. Tuve que luchar contra todos los obstáculos, pero seguí denunciándolos”, recuerda.

Dos semanas después, fue interceptado en Barquisimeto por cuatro agentes de la Policía de Lara que, según cuenta, le sembraron 125 envoltorios de droga: “Pasé quince días en la sede de esa policía y salí con una medida cautelar gracias a cartas de apoyo de las comunidades que ya me conocían como luchador social”.

Cupertino estuvo todos estos años bajo régimen de presentación hasta que el pasado 12 de marzo fue absuelto por la Fiscalía 22 que, además, se disculpó con él por haberlo sometido a un proceso penal de forma injusta.

El comerciante denuncia que desde que hizo la denuncia pública se incrementaron los atropellos. “Secuestraron a mi sobrino y amenazaron de muerte a mi hermano. Tuvimos que organizarnos y crear el Comité de Víctimas contra la Impunidad en Lara”, señala.

POLICÍA CONTRA POLICÍA
Uno de los casos más relevantes que ha atendido el comité larense es el de Tito Sánchez, sargento de la policía de ese estado a quien agentes del Cicpc le asesinaron a su hija de 12 años de edad en un supuesto enfrentamiento en el año 2003.

“Los funcionarios muy descarados. Después de lanzar varios disparos a la casa del sargento, matar a la niña y huir, mandaron a un superior a ofrecer dinero para que les permitieran llevarse las conchas de las balas”, relata Cupertino.

Hace tres semanas, transcurridos siete años desde la muerte de la pequeña, dictaron privativa de libertad contra seis oficiales del Cicpc por este caso. Dos de ellos están detenidos en La Planta, en Caracas, y a los otros cuatro les dictaron una medida cautelar.

“La situación del sargento lo llevó a defender a las víctimas de abusos policiales. Siendo funcionario, tuvo que sumarse al Comité de Víctimas contra la Impunidad. Una vez lo amenazaron de que, si seguía en el comité, lo iban a pasar a disciplina”, añade.

NO MÁS IMPUNIDAD
Rafael Uzcategui, de Provea, sugiere agotar todos los mecanismos de denuncia, aunque no se obtengan respuestas satisfactorias, para presionar a los poderes públicos y lograr que estos abusos policiales no sigan presentándose.

También propone que la sociedad se organice, active mecanismos de defensa a través de los medios de comunicación y proteste contra la inseguridad.

“El caso de Lara es muy emblemático porque se creó el Comité de Víctimas contra la Impunidad para exigir que se administre justicia. Esa es una referencia para el resto del país, pues todos podemos organizarnos para que no se repitan estas violaciones a los Derechos Humanos”, añade.