Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual
Óscar Barrios llevaba cinco meses lejos de su pueblo natal. Las constantes amenazas que recibía por parte de funcionarios de la Policía de Aragua no lo dejaban vivir en paz.
Los amigos del joven de 21 años lo invitaron a participar en un juego de softbol, por lo que decidió regresar a Guanayén. A las diez de la noche, cuando concluyó el partido, Óscar permaneció en las canchas conversando con un compañero, pero algo inesperado acabó con el encuentro.
Dos hombres vestidos de negro, con bufandas como las que utilizan los motorizados de Poliaragua, se bajaron de un automóvil particular, le dieron tres disparos a cada uno y huyeron.
Este episodio ocurrió el 29 de noviembre de 2009, día en que la familia Barrios recibió por quinta vez la noticia de que uno de sus miembros había sido asesinado a pesar de tener orden de protección emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde septiembre de 2004.
Han transcurrido 12 años desde el primer homicidio. Los hermanos Narciso y Benito tenían un bar restaurante en el pueblo Guanayén, al sur de Aragua.
Casi todas las noches acudían varios policías del estado a consumir alcohol y se retiraban sin cancelar la cuenta. Una noche los Barrios reclamaron a los agentes, quienes respondieron con amenazas de muerte.
La intimidación no fue en vano. La madrugada del 28 de agosto de 1998, los mismos funcionarios ingresaron a la casa de Benito, de 28 años de edad, lo torturaron y, en presencia de sus sobrinos, se lo llevaron en la patrulla. Al día siguiente, apareció el cadáver en la funeraria de Barbacoa.
“Después de hacer las denuncias, imputaron a tres Poliaragua, pero siguen trabajando en ese cuerpo de seguridad y todos los años son ascendidos. El caso tiene tres años en el tribunal de control, pero debido a la complicidad del fiscal de la causa no se ha realizado la audiencia preliminar”, denuncia Luis Aguilera, abogado de la familia Barrios.
Cinco años después, en diciembre de 2003, varios agentes dejaron sin vida a Narciso a los 22 años. Situaciones similares ocurrieron cuando ultimaron a Luis Alberto (de 24 años) y a Rigoberto (de 16), en 2004 y 2005 respectivamente.
INTERVENCIÓN DE LA CIDH
A raíz del hostigamiento, la defensa de la familia Barrios ha solicitado en varias ocasiones medidas cautelares a la CIDH, pero el Estado ha hecho caso omiso de las resoluciones.
“No se han cumplido las medidas de protección con participación de las víctimas y sus representantes; no se ha realizado una revisión exhaustiva de cada uno de los casos; los funcionarios no han sido suspendidos de sus cargos; no se ha condenado a los responsables de los ajusticiamientos ni ha habido celeridad en la investigación”, señala Aguilera.
El martes la CIDH introdujo una demanda contra Venezuela ante la Corte Interamericana por los cinco asesinatos. La familia Barrios está a la espera de la fecha que establezca la Corte para llevar a cabo el juicio que se realizará en Costa Rica y al que el Estado venezolano deberá acudir.
MÉTODOS DE SUPERVIVENCIA
Eloisa Barrios, familiar de las víctimas, asegura que todos los miembros han tenido que trasladarse a otros pueblos para evitar que estos asesinatos sigan ocurriendo.
“Tenemos miedo. Con todo y que mi sobrino Óscar se había mudado de Guanayén, cuando fue de visita lo mataron. Esperamos que en la Corte Interamericana se logre algo”, expresa.
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