La comunidad Yukpa permanece frente al Tribunal Supremo de Justicia solicitando que se cumpla el artículo 260 de la Constitución que establece que los conflictos que se presentan en territorio indígena deben ser resueltos por su propia justicia.
“Esta situación pone en evidencia una contradicción del propio Gobierno que plantea una cosa y ejecuta otra: habla a favor de los indígenas, pero los ataca y los menosprecia. No se está pidiendo nada contrario a lo que dicta la Constitución. Eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un espacio territorial no indígena. Pero lo que ocurrió en octubre del año pasado fue entre la propia comunidad indígena en su territorio”, explica José Quintero, profesor de Lenguas y Culturas Indígenas de la Universidad del Zulia.
Quintero añade que las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha lograron llegar a acuerdos, por lo que “el Estado no puede colocarse por encima de lo que resuelven los indígenas”, y señala que “mientras la justicia ordinaria es punitiva, la indígena es reparadora”.
Además, destaca que el delito indígena es interpretado como colectivo. “Cuando un blanco comete un delito, debe pagar solo por eso. En la justicia indígena, el delito es asumido por toda la comunidad”.
Y AHORA EN TRUJILLO
El docente de Lenguas y Cultura Indígenas denuncia que lo ocurrido en Guamo Pamocha, donde murieron tres personas y otros tantos resultaron heridos, es en gran parte responsabilidad de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierra.
“La situación fue provocada precisamente por la tardanza y por la mala dirección y conducción del proceso de demarcación de tierras. Ese retardo trajo como consecuencia unos heridos, unos muertos y, ahora, unos presos: Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández”, apunta.
Por su parte, Senaida Romero, hija de Sabino Romero, afirma que hace dos días se presentó frente al TSJ la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, quien prometió hablar con Luisa Estella Morales. Aunque no han obtenido más información, muchos de los manifestantes regresaron a la Sierra de Perijá y ahora sólo quedan 53, de los cuales 18 son niños y 35 adultos.
Romero expresa su preocupación porque el expediente de los caciques detenidos fue enviado a Trujillo, por lo que pronto ellos también serán trasladados para allá. “No conocemos esa ciudad, no sabemos cómo los van a tratar ni tenemos plata para viajar a visitarlos”, dice.
TSJ SE PRONUNCIA
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia número 298 de fecha 22 de julio de 2010, decidió avocarse a llevar el caso de los indígenas apresados, ordenó al tribunal quinto en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia que remita el expediente al Circuito Judicial Penal de Trujillo para que continúe el proceso y ordenó también el traslado de los acusados a dicho estado. El máximo tribunal alega la decisión “en resguardo de las partes intervinientes y en aras de garantizar una aplicación de la justicia responsable y expedita”.
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