Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual
Eran casi las nueve de la mañana del pasado 24 de julio. El sindicalista Jean Carlos Cardozo llevaba pocos minutos de haber ingresado a los edificios en construcción del conjunto residencial Alto Hatillo Humboldt.
Mientras conversaba con unos compañeros, llegó un sujeto que, sin mediar palabras, le propinó cinco tiros en el pecho y huyó. Las autoridades no descartan que, una vez más, se trate de un ajuste de cuentas.
Aunque el presidente Chávez haya manifestado el pasado domingo que en Venezuela "no tenemos sindicalistas asesinados ni desplazados", Rolando Díaz, especialista en temas sindicales e integrante del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), estima que nada más en lo que va de año se han producido casi 30 asesinatos a sindicalistas.
De esos homicidios, se han dado a conocer nueve en Carabobo, cinco en Aragua, uno en Caracas y 14 en Bolívar.
La afirmación de Chávez parece contradictoria porque el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y algunos sindicatos crearon una comisión para investigar los casos de homicidios sindicales.
El último informe de Provea revela que de octubre del año 2005 a septiembre de 2009 fueron ultimados 131 sindicalistas en el país. Sin embargo, Adón Soto, dirigente de Causa R, asegura que solamente en Guayana se han registrado 135 dirigentes sindicales asesinados desde 2005, de los cuales 51 fueron en 2005, 25 en 2006, 24 en 2007, 12 en 2008, 13 en 2009 y 10 en lo que va de año.
DE LO POLÍTICO A LO ECONÓMICO
Soto afirma que 98% de esos delitos se cometen en el sector de construcción, donde "han penetrado muchas mafias y se ha pervertido la lucha sindical, pues impera el sicariato".
Además, denuncia que el Ministerio del Trabajo ha legalizado "entre comillas" más de diez sindicatos paralelos, lo que lo hace "cómplice del hampa en la construcción". "Venden puestos de trabajo hasta por Bs. 300", agrega.
El representante del Ildis, por su parte, explica que el Gobierno decidió formar ese paralelismo para "quitarles fuerza y amedrentar a los que no eran chavistas". Muchos de los dirigentes de esos nuevos sindicatos "son delincuentes muy conocidos que acaban de salir de la cárcel o están en régimen de presentación. Son fachadas de sindicatos, porque realmente son mafias".
En ese entonces, el problema era político casi en su totalidad. Hoy en día, la lucha es económica.
"Cada vez que se hace una obra, se le debe pagar al menos a un sindicalista sin que trabaje, es decir, el empresario tiene que cancelar una vacuna. Además, debe matraquear al contratista y a los trabajadores mientras que los dirigentes sindicales se encargan de vender drogas y alcohol a los demás trabajadores", añade Díaz, quien también recuerda las muertes de sindicalistas en empresas automotrices o petroleras.
SUCIO NEGOCIO
La mayoría de los conflictos se presentan por la venta de puestos de trabajo, por intereses de prevalecer en las obras y por "apartar del camino" al líder de algún sindicato.
Así lo señala el secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco, Rubén González, detenido en agosto de 2009 por protagonizar una protesta de los empleados que exigían que se cumpliera el contrato colectivo.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, indica que "es tremendo negocio porque el sindicalista que vende el puesto de trabajo recibe 100% del primer salario, 50% del segundo y 25% del tercero. A veces también se consigue trabajo a cambio de un favor sexual, ya sea con la esposa o la hermana del empleado".
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