Ahora van contra los mineros también

Patty Fuentes Gimón

Dirigentes del estado Bolívar interpusieron ayer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad en contra del decreto 8.413 que, según ellos, otorga a los militares el control de las actividades mineras.

“El Estado se reserva la exploración, explotación y comercialización de todas las actividades conexas con el oro. Esto lesiona la garantía del derecho constitucional de los pueblos indígenas establecido en los artículos 119 y 120”, denunció el ex alcalde de la Gran Sabana, Ricardo Delgado.

Dichos preceptos constitucionales exigen al Gobierno, entre otras cosas, que reconozca la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, y que garantice el aprovechamiento de los recursos naturales de su hábitat sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos.

“Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley”, prescribe parte del artículo 119.

El líder pemón sostuvo también que al promulgar el mencionado decreto se obvió el proceso de consulta previa que establece toda legislación para la creación de leyes y la prescrita en el artículo 120 de la Constitución que dice que el “aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Raúl Yusef, también dirigente político de Bolívar, aseguró en el TSJ que el Gobierno pretende monopolizar la explotación del oro, por lo que destacó que el decreto 8.413 afecta a los pequeños mineros y a las etnias indígenas.

Y además, los amenazan

Por si fuera poco, el martes representantes de la etnia Pemón habían denunciado que efectivos de la Guardia Nacional obligan a los indígenas del Alto Paragua a inscribirse en el Gran Polo Patriótico.

Además, revelan que los funcionarios les exigen que paguen considerables cantidades de oro cada semana, bajo la amenaza de destruirles sus máquinas de trabajo si no lo hacen.