Patty Fuentes Gimón
Ya son más de once los años que han transcurrido desde que Nelson Escalona y Guillermo León Alfaro, militares retirados de la Fuerza Armada Nacional, dejaran de recibir sus bonos de alimentación, vacacional, de profesionalización y de juguetes, tras haberse dado de baja en los años 1993 y 1994, respectivamente.
A principios de este año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revocó la medida cautelar que había acordado en mayo de 2008, mediante sentencia nº 824, a través de la cual había declarado admisible la acción de amparo que introdujeron estos y otros casi 200 militares retirados de la FAN.
“Para nadie es un secreto que revocar la medida es algo político porque judicialmente no hay cabida para que, después de que ella decidiera que es viable, que tenemos la razón, ahora lo considera inadmisible. Se nota que la llamaron”, señala Escalona, quien informó que acudirán a la Sala Contenciosa Administrativa para intentar obtener resultados.
Los uniformados exigen que se reforme la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, “que tiene más de cinco años engavetada” y que no forma parte de las 28 leyes que serán debatidas este año en la Asamblea Nacional.
Aseguran que se está vulnerando el artículo 32 de la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional, el cual establece que “las pensiones de retiro, invalidez o sobrevivientes, se ajustarán de inmediato y en razón directa, cada vez que se produzcan aumentos en las remuneraciones del personal militar de las Fuerzas Armadas Nacionales en servicio activo”.
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