Patty Fuentes Gimón
Foto: Renier Otto
Por primera vez en la historia, Venezuela será sometida el próximo 7 de octubre al Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el año 2006 cuando la Asamblea General aprobó la resolución 60/251.
La evaluación se fundará en “información objetiva y fidedigna” del cumplimiento del Estado en materia de Derechos Humanos, contará con la participación plena del país y se ejecutará una vez cada cuatro años.
El EPU no es contencioso, es decir, se trata de un proceso de negociación donde los Estados miembros de la ONU llegan a un acuerdo para proponer recomendaciones al país evaluado que puede aceptarlas o no.
La voz de todos
A través del examen, se asegura la participación de todos los actores. Por esto, el EPU se apoya en los informes preparados por el Estado examinado, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH y por los de las ONG de DDHH.
La información que entregará el Estado no deberá ser de más de 20 páginas y la ONU recomienda que sea elaborada “mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores interesados”.
El texto de la Oficina del Alto Comisionado, que no podrá exceder de 10 páginas, contendrá datos de los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y las observaciones del Estado examinado. Los fundamentos de las ONG serán resumidos en menos de 10 páginas por el Alto Comisionado.
Lo que plantean las ONG
Tras destacar que el fin de este examen es generar un diálogo entre el Estado y la sociedad para diseñar políticas públicas que mejoren la situación de los DDHH, el director de Provea, Marino Alvarado, reveló que propondrá crear un Plan Nacional de Vivienda, uno de acceso a la información y retomar el Plan Nacional de DDHH (compromiso del Estado venezolano desde la conferencia de Viena en 1990).
“Es muy difícil hacer contraloría social si cada vez es más difícil acceder a las fuentes de información pública. Aspiramos que el Gobierno tenga la disposición de asumir la mayor cantidad de recomendaciones, pero sobre todo que tenga la voluntad de ejecutarlas”, señaló.
El director de Espacio Público, Carlos Correa, coincide con Alvarado y asegura que “el EPU es una oportunidad para que haya un debate centrado en la construcción de propuestas que permitan superar los problemas”.
Objetivos del EPU
- Mejorar la situación de DDHH.
- Evaluar los avances y retos a los que se enfrenta.
- Fortalecer la capacidad del Estado.
- Intercambiar de opinión entre los Estados y otros actores interesados.
- Apoyar a la cooperación en la promoción y protección de los DDHH.
- Fomentar el compromiso con el Consejo de DDHH y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
“Lo que está en juego no es si el Gobierno sale mal o bien evaluado, sino cómo se mejora la calidad de vida de los ciudadanos”
Marino Alvarado
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