Patty Fuentes Gimón
Una Ventana a la Libertad envió el pasado domingo a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre la situación penitenciaria en Venezuela para ser considerado en el Examen Periódico Universal (EPU) al que el país será sometido el próximo 7 de octubre en Ginebra.
La ONG destaca, entre otras cosas, que en el sistema carcelario venezolano hay un 300% de hacinamiento, pues la población penitenciaria es de 44.520 reclusos, mientras que la capacidad instalada es de 14.500.
Por otro lado, el estudio revela que, a pesar de que la legislación venezolana y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establecen la clasificación de los internos, "en las cárceles venezolanas no existe ningún tipo de clasificación, ni siquiera una simple entre procesados y penados, delincuentes primarios o secundarios, menores de 30 años y mayores de 30 años", lo que dificulta la creación de planes de reinserción social.
Respecto a la violencia intramuros, Una Ventana a la Libertad se basa en los números del Observatorio Venezolano de Prisiones, según el cual en los últimos cuatro años se registraron 1.762 reclusos muertos y 3.974 heridos, en su mayoría por armas de fuego, ya que "se ha hecho cotidiano el empleo de armas de altos calibres, granadas fragmentarias y todo tipo de armamentos en posesión de los reclusos que evidentemente llegan a ellos por vía de los funcionarios de la Guardia Nacional... así como de los de la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interiores y Justicia", indica el texto.
En el informe se da a conocer también que 78% de la población reclusa es procesada, debido a la ausencia de transporte para el traslado a los tribunales además de la falta de jueces y fiscales del Ministerio Público que den agilidad a los procesos. Asimismo, se subraya la importancia de que el personal en las prisiones tenga conocimientos penitenciarios, pero esto no se cumple en Venezuela.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
La ONG que defiende a los reos reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a seis cárceles del país medidas de protección desde el año 2006 con el fin de "garantizar la vida de los privados de libertad", pero "la violencia y la muerte siguen estando presentes en estos recintos carcelarios".
El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, es uno de los que cuenta con medidas de protección. Sin embargo, en septiembre de 2010 los reclusos mantuvieron durante tres días un enfrentamiento armado del que resultaron 18 fallecidos y 40 heridos. Para calmar la riña, "ameritó la intervención de 1.800 efectivos de la Guardia Nacional, helicópteros, paracaidistas, francotiradores, tanquetas, etc. como si en efecto se tratara de una guerra".
En el Centro Penitenciario de Occidente (Uribana), otra de las prisiones con medidas de la CIDH, se presentan regularmente los llamados "Coliseos", en los cuales los reos sostienen una "lucha cuerpo a cuerpo para resolver sus conflictos y buscar poder... se colocan en el patio de la cárcel y en grupos de 2 pelean con armas blancas rudimentarias mientras los otros reclusos observan esperando su turno para combatir".
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