Patty Fuentes Gimón
Han transcurrido seis meses desde que los miembros de la plataforma Javu cesaron la huelga de hambre que duró 23 días y con la que se logró la liberación de cinco presos políticos: Silvio Mérida, Felipe Rodríguez, Otto Gebauer, Freddy Curupe y Biagio Pilieri.
Sin embargo, dentro de las negociaciones estaban incluidas las excarcelaciones de los ex funcionarios de la Policía Metropolitana detenidos por los hechos del 11 de abril de 2002, Arube Pérez Salazar y Marco Hurtado, a quienes desde hace tres años les corresponde el Régimen Abierto.
“La semana pasada llevamos los papeles y nos dijeron que teníamos que esperar a que ellos dieran la fecha para hacerles los exámenes psicosociales porque dentro de poco se les vence el Régimen Abierto. Ya tienen ocho años presos pero con las horas de trabajo, deben llegar como a 10 años”, explica Licy de Pérez, esposa de Pérez Salazar.
La cónyuge del funcionario denuncia también que el abogado que les solicitó los documentos les pidió a cada uno de los familiares que llevara 500 copias, por lo que cada una gastó alrededor de Bs. 500, a pesar de que todos los PM forman parte de un mismo caso. “Fue un abuso de ese abogado, pero teníamos que hacerlo porque si no se agarran de ahí pa’ no liberarlos”, dice.
“Malas señales” que demoran
El presidente fundador de Javu, Julio César Rivas, sostiene que las excarcelaciones de estos dos PM “sufrieron ciertos retrasos porque empezaron a tener prioridad los presos políticos graves de salud y por comentarios o acciones que afectaron que se diera el cumplimiento total del acuerdo con el Gobierno”.
El estudiante se refiere a las otras protestas que se produjeron simultáneamente que para el Gobierno significaron “malas señales” de parte de los miembros de la Operación Libertad. “Esto entorpeció las negociaciones. Nuestra apreciación es que ellos faltaron a su palabra y la de ellos es que nosotros faltamos a la nuestra. Pero en un conflicto siempre hay que buscar solución y aquí pensamos que lo mejor es que los abogados y familiares utilicen los canales que logramos abrir”, añade.
Rivas señala a su vez que Pérez Salazar y Hurtado fueron incluidos “en último momento” al pliego de peticiones: “Cuando los abogados nos dijeron que ellos ya tenían acceso a los beneficios procesales, los sumamos a la lista de solicitudes y el Gobierno pidió a la juez que revisara esos casos. Lo que pasó fue que la juez de Maracay no ha hecho los exámenes psicosociales y por eso seguimos presionando”.
Julio César Rivas, de Javu, asegura que esta semana serán liberados otros presos políticos que padecen enfermedades y, posteriormente, aquellos a quienes ya les corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena. “Veremos la continuidad de lo que comenzó con Lázaro Forero. Estarán incluidos los comisarios y todos los PM detenidos por los sucesos del 11 de abril. Hay una clara disposición de resolver el problema a pesar de que el Gobierno siempre se va a cuidar de no ser derrotado”, dice. El joven detalla que no han tenido más contacto con el ministro Tareck El Aissami, pero sí con representantes de la OEA, de la Defensoría y de la Fiscalía.
Otra de las causas por las cuales se han retrasado las liberaciones de los PM es que los miembros de Javu se separaron de la Operación Libertad. “Cuando iniciamos con la operación había una sola organización y ahora es un movimiento con otras acciones, porque muchas personas tienen una estrategia distinta que pueda afectar que se sigan concretando las acciones que logramos con la huelga de hambre. Lorent Saleh se separó de Javu y realizó actividades paralelas que no compartimos”, agrega Vivas.
“El Gobierno no cumplió del todo porque consideró que nosotros tampoco cumplimos del todo”
Julio César Rivas, presidente de Javu
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