Patty Fuentes Gimón
Provea solicitó a la directiva de la Asamblea Nacional el inicio de los procedimientos correspondientes para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por el PSUV, Roger Cordero Lara, quien según la ONG, fue el autor material de la “Masacre de Cantaura”, suceso ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que fueron asesinadas 24 personas.
“Hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indica que este ciudadano comandó uno de los aviones que bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura, estado Anzoátegui”, explicó Provea a través de un comunicado que fue recibido y sellado por la directiva de la AN el pasado 26 de enero.
En el texto, la ONG recordó que muchos de los actuales parlamentarios han condenado en reiteradas ocasiones la “Masacre de Cantaura” “señalándola como uno de los hechos más graves de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la Cuarta República” y han planteado la necesidad de que este caso no quede impune.
Por esta razón, los defensores de los DDHH se suman al reclamo de justicia tanto en la Masacre de Cantaura, como en las de Yumare y El Amparo. “Durante años hemos denunciado la impunidad y realizado actuaciones muy diversas para que se investigue y sancione a los responsables… Nos preocupa que se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la Masacre de Cantaura obliga al Parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables”, se añade en el comunicado.
Provea aclaró que la solicitud también va dirigida a cualquier otro parlamentario que haya violado los DDHH de los venezolanos. “Apoyamos igualmente toda iniciativa de esta naturaleza que se adopte en cualquier otro diputado o diputada a quien se le señale de haber participado en graves violaciones a los Derechos Humanos”, señala.
La ONG aprovechó la oportunidad para recordarle a la AN que el antiguo Parlamento no cumplió la promesa de “presentar al país un informe sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se produjeron en las décadas de los años 60, 70 y 80”. Por eso, sugirieron a la actual directiva del Poder Legislativo que reimpulse la iniciativa, pues “puede contribuir a conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables”.
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