Patty Fuentes Gimón
Aunque las prioridades no son las mismas, tanto los reos y sus familiares como los diputados y los expertos coinciden en que el sistema penitenciario debe dar un giro de 180 grados.
Tomando en cuenta que el principal objetivo de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional es conocer los asuntos relacionados “con el desarrollo de mecanismos que contribuyan con un sistema penitenciario para la rehabilitación del interno”, el vicepresidente de la misma, William Ojeda, asegura que sus propuestas se concretan en los artículos 26 y 272 de la Constitución.
“El 26 dicta cómo debe ser la justicia en el país y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los órganos de justicia. El 272 se refiere a la orientación hacia el trabajo y el estudio de los presos para limitarles el tiempo de ocio. Basándonos en esto, trataremos de que incidan todas las columnas del sistema de justicia”, señala.
En específico, el diputado se refiere a “que se hagan los traslados a tiempo, que las familias sean bien tratadas, que se clasifique la población penal, que se les brinde a los internos la alimentación adecuada y que funcione el sistema del personal médico y asistencial”.
El parlamentario también afirma que invitará al ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, a visitar todas las cárceles del país junto con su comisión. “La idea es solucionar y no sólo criticar. Sabemos que hay cosas que se pueden hacer de inmediato y de forma sencilla con el ministro”, indica.
Prevención del delito
Los familiares de los reclusos padecen los desperfectos de las cárceles casi de igual manera que los propios reos. Para visitarlos, deben pasar entre 10 y 12 horas formados en la puerta del penal, bajo el sol y cargando con alimentos, ropa, medicinas y otros insumos para sus parientes.
“Los guardias nos humillan mucho a uno como familiar, nos tratan como si uno fuera lo peor. Yo tengo cuatro meses sin ver a mi novio y más de un mes sin poder hablar con él por teléfono porque la directora no quiere. Ella es súper grosera”, manifiesta Yusbeli Márquez, pareja de uno de los internos de Yare III que resultaron heridos hace dos semanas luego de ser agredidos por custodios del penal.
Gilber Caro, coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular, explica que al abandonar a las madres, esposas y, sobre todo, a los hijos de los privados de libertad, se deja a un lado la prevención del delito, por lo que plantea a la nueva AN aprobar una ley de apoyo a los familiares de los presos.
“Primero que nada, los diputados deben ir a las colas que hacen ellos en las calle y entrevistarlos para que entiendan su situación. Después, deben crear una ley que garantice que el Estado se ocupará de la educación de los niños que tienen padres en la cárcel. No es posible que las mujeres pasen horas haciendo cola cuando los venezolanos pagamos impuestos para que haya una buena alimentación penitenciaria. ¿Dónde está ese dinero?”, se pregunta Caro.
Mala alimentación, armas y violencia
Yusbeli Márquez denuncia que la comida que le dan a su novio en Yare III siempre está fría y en condiciones deplorables. Su opinión coincide con la de 78% de los familiares de la población reclusa que llevan los alimentos a las prisiones y con 59% que califica que la comida de los penales es “muy mala”, según reveló el Informe sobre los Derechos Humanos y el Debido Proceso de las Personas Privadas de Libertad, realizado en 2009 por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Después de pasar un año tras las rejas y conocer las experiencias de sus compañeros de celda, el parlamentario Ojeda está consciente de que el tema de la alimentación es uno de los primeros que hay que atacar en materia penitenciaria. “Antes era mala, pero ahora las raciones son inferiores porque el presupuesto asignado es de Bs. 9 por preso al día. Hay una macolla formada ahí; eso no alcanza para nada”, dice.
Respecto al ingreso de las armas dentro de las prisiones, el diputado asegura que existe una gran cooperación por parte de los efectivos de la Guardia Nacional, por lo que en la Asamblea Nacional tratará el tema de que las cárceles deben estar custodiadas por penitenciaristas.
“Los especialistas en la materia saben cómo tratar a la población penal y utilizar la psicología correcta. Es un contrasentido que el Ministerio de Interior y Justicia no aproveche del personal graduado del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios”, añade.
Despenalizar delitos
Mientras que Ojeda considera que “el mal obrar hay que castigarlo”, Caro plantea despenalizar algunos delitos y “llevarlos a una ley de trabajo comunitario para que los delincuentes primarios tengan trabajo y para disminuir el hacinamiento carcelario”. Lo cierto es que ambos concuerdan en que dentro de las prisiones se debe velar por los DDHH.
Caro además sugiere que tanto el Estado como la población “tengan una reconciliación con esas 200 mil personas (40 mil presos y al menos cinco familiares por cada uno de ellos) porque tener una sociedad que quiere venganza, nos hace víctimas del sistema penitenciario”.
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