Patty Fuentes Gimón
Human Rights Watch (HRW) calificó de “precaria” la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a causa del “control ejercido por el Gobierno sobre el Poder Judicial” y del “debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos democráticos”.
En su informe 2010, la organización sostuvo que el presidente Chávez “ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de las organizaciones y defensores de DDHH de promover derechos básicos”, además de que “ha perseguido a opositores políticos” y “ha endurecido su rechazo frente a la observación internacional”.
La ONG señaló que el Tribunal Supremo de Justicia “ha abdicado su rol de contralor del Poder Ejecutivo y ha dejado de proteger derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, mientras que el Gobierno “muestra escaso respeto por los controles democráticos”. Por estas condiciones, se originan represalias como la de la jueza María Lourdes Afiuni, quien “estaba cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria” y “durante el juicio penal en su contra se vulneraron varios aspectos de su derecho al debido proceso”.
En cuanto a la libertad de expresión, HRW reveló que “el Gobierno ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y creado poderosos incentivos para que los críticos del Gobierno se autocensuren”, como la reforma del Código Penal que “amplía el alcance de las leyes de desacato… pese a que las normas internacionales exigen su abolición”, y la promulgación de la Ley Resorte que “permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base del delito de incitación, definido de una manera sumamente vaga”.
Más abusos policiales
Tras anunciar que en Venezuela los delitos son comunes y que las ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios públicos continúan siendo frecuentes, la ONG destacó que el propio Ministerio de Interior y Justicia estima que uno de cada cinco delitos es cometido por un policía. También recordó que, según el Ministerio Público, los cuerpos de seguridad asesinaron a 7.998 personas entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2009. La ONG no dejó a un lado las cárceles venezolanas, por ser de las más violentas de Latinoamérica.
“La impunidad continúa siendo la regla para todos los delitos violentos, incluidos aquellos perpetrados por policías”
Más de 2.000 discursos han tenido que transmitir los medios públicos obligatoriamente
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