Patty Fuentes Gimón
Diputados de la Mesa de la Unidad consignaron ayer un documento en Conatel para exigir la reapertura inmediata del Registro de Productores Nacionales Audiovisuales que, “de manera ilegal”, está cerrado desde marzo de 2010 “impidiendo el registro y vuelta a la televisión de RCTV Internacional y de otra compañía que quiera hacer libre ejercicio del derecho a la libertad económica”.
El parlamentario Miguel Ángel Rodríguez explicó que con el cierre de dicho registro “se está violando la libertad de expresión, la libertad de empresa y el derecho a los ciudadanos a dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Por capricho ilegal de Conatel, no se ha podido registrar ni un solo medio de TV ni de radiodifusión”.
Rodríguez destacó que la enfermedad del presidente Chávez y la situación de la cárcel del Rodeo muestran la “necesidad de tener más medios libres e independientes”, pues las autoridades han dado “versiones falsas” al respecto y el presidente Chávez “da versiones a cuentagotas”.
En cuanto a la situación penitenciaria, el diputado sostuvo que “el Gobierno señala que fue un gran éxito por su resolución”, pero “si hubiésemos tenido más medios libres y acceso a la información, hoy el país no estaría en la duda de si el pran se fugó o fue negociación”.
“Aquí hacen falta medios que investiguen y digan la verdad. Los medios secuestrados por el Gobierno se han dedicado a la incitación al odio, a la calumnia, a la división entre unos y otros, y a la divulgación de mentiras”, dijo.
Los insultos de Mario Silva
El presidente editor del diario El Nacional introdujo una querella ante el Tribunal 1º de primera instancia del Área Metropolitana de Caracas contra el conductor del programa que se transmite en VTV “La Hojilla”, Mario Silva, por haberlo insultado públicamente.
“No es posible que en los medios de comunicación, ni privados ni del Estado, puedan tener lugar, en un ambiente de total impunidad, expresiones tan grotescas de odio e incitación a la violencia”, denunció, tras revelar que exige su derecho a la defensa de la honorabilidad y la reputación.
El abogado Juan Garantón explicó, por su parte, que en los días 6, 8 y 11 de este mes se cometieron los delitos de difamación e injuria, contemplados en los artículos 442 y 444 del Código Penal, que establece una pena de hasta cuatro años de prisión. “Es realmente grave que se preste el medio para usarlo como un arma. Lo que pedimos es la sanción penal y actuaremos ante Conatel para solicitar la sanción administrativa”, detalló.
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