Patty Fuentes Gimón
En los últimos ocho años, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz ha recibido 243 denuncias de torturas a ciudadanos por parte de funcionarios públicos. La mayoría de estos ataques son cometidos hacia hombres (190), con edades comprendidas entre 18 y 38 años (65%), que aún son estudiantes (22,22%), obreros (13,99%) o ejercen oficios varios (10,29%).
“La tortura es practicada por algunos funcionarios y funcionarias de los cuerpos policiales y militares, con el objetivo de castigar, obtener información o amedrentar a la víctima”, se destacó a través de un comunicado de la Red de apoyo por la Justicia y la Paz, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con Víctimas de Tortura, que se celebre el próximo 26 de junio.
La ONG reveló también que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas es la policía más denunciada (con 24,69% de los casos), seguida de las regionales, en especial la Policía Metropolitana (con 12,35%), y de la Fuerza Armada Nacional, pues la Guardia Nacional tiene más de 12% de las denuncias y el Ejército, 5,76%.
“El método de tortura más común es el de golpear o patear a las víctimas, seguido de la agresión verbal o de amenazas de muerte y/o de tortura a un familiar”, se añadió en el comunicado.
De acuerdo con la red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 48,56% de las denuncias de torturas se registraron en el Distrito Capital, mientras que 11,93% fueron en el estado Miranda, 5,35% en Lara y 4,53% en Zulia.
Secuelas y lesiones
Casi todas las víctimas de torturas suelen tener lesiones físicas y secuelas. Más de 38% de estas personas presentan mialgias; 36,8%, contusiones; 25,5%, hematomas; 17,9% cicatrices; 17%, heridas; 12,7%, excoriaciones; y 10,4%, cefalea.
De las 243 víctimas que denunciaron entre enero de 2003 y junio de 2011, 40,6% reconoce quedar con miedo; 36,8%, con ansiedad y angustia; 34,9% con alteraciones del sueño; 25% con sentimientos de rabia e impotencia; y 17,5% con inapetencia.
En cuanto a las secuelas sociales, 10,85% cuenta que abandona su actividad laboral; 7,55%, sufre de un aislamiento social; 3,77%, abandona su vivienda; y más de 3% es rechazado por la sociedad.
La ONG aclaró que, aunque son significativas, las cifras reveladas no pueden ser tomadas en términos absolutos porque “por temor o desconocimiento, no todas las personas denuncian y a otras tantas víctimas se les dificulta acceder a la justicia”.
Sin embargo, exigió que la tortura sea erradicada en Venezuela, “que sean sancionados los torturadores y torturadoras, que se les brinde atención médica y psicológica a las víctimas hasta su plena rehabilitación, así como justa reparación y compensación de los daños causados a las víctimas, a sus familias y comunidades”.
Cuerpos de seguridad involucrados
| | 2003-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TOTAL |
| Policías nacionales | 38 | 4 | 9 | 11 | 12 | 74 |
| Policías regionales | 34 | 3 | 4 | 15 | 1 | 57 |
| Fuerzas Armadas Bolivarianas | 36 | 4 | 3 | 3 | 1 | 47 |
| Policías locales | 13 | 5 | 16 | 4 | 2 | 40 |
| Acciones conjuntas | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| TOTAL | 143 | 16 | 32 | 36 | 16 | 243 |
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