Patty Fuentes Gimón
Ante la situación que se viene presentando en la cárcel Rodeo II desde hace más de una semana, el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Sintrasde) manifestó su preocupación y aseguró que los 21 empleados de la Dirección de Custodia y Seguridad Penitenciaria son las víctimas “del desastre que represente el sistema penitenciario nacional”, pues “la modalidad de secuestro por parte de los reclusos es sólo un ápice de la situación que deben soportar todos los días los compañeros que laboran en los centros de reclusión”.
El presidente de Sintrasde, José Pérez, aseguró que los trabajadores de los penales son el “eslabón olvidado” del sistema penitenciario. “Son ellos los que día a día tienen que confrontar los problemas de los penales, la agresión de los internos, el malestar de los familiares, las insuficiencias y carencias de las cárceles. Nuestros compañeros de trabajo están prácticamente cumpliendo la condena, junto a los reclusos, siendo inocentes y víctimas del sistema”, añadió.
Tras hacer responsables a las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia de la integridad física de los rehenes, los trabajadores de Sintrasde exigieron la reestructuración del sistema penitenciario, por considerar que “está podrido”.
El Código podría fracasar
La situación de Rodeo II no es una excepción del sistema carcelario. Por esta razón, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, presentó ayer ante la Asamblea Nacional un análisis del proyecto del Código Orgánico Penitenciario, en el cual dio a conocer los pro y los contra de dicha iniciativa.
Entre los aciertos, el OVP destacó que en el proyecto se abandona el viejo paradigma de la rehabilitación y se sustituye por el modelo de DDHH, tiene un buen desarrollo de las normas relativas al servicio de salud y hace un correcto tratamiento del trabajo fuera del establecimiento.
Sin embargo, resalta algunos defectos: ausencia de mecanismos para exigir el cumplimiento de los DDHH de los reos, deterioro de la figura del juez de ejecución, propone una organización centralizada, confusa normativa referente a la clasificación de los reclusos, pésimo procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas y no prevé un vacatio legis del Código, a pesar de que “amerita uno de por lo menos dos años, sin lo cual el Código fracasará”.
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