Patty Fuentes Gimón
Ante la negativa del Estado a que organismos internacionales acudan al país para verificar la situación de Derechos Humanos, diversos activistas venezolanos acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de DDHH, en Washington.
Se llevaron a cabo dos audiencias privadas (relacionadas con la libertad de expresión y los defensores de DDHH), además de tres públicas (sobre los presos políticos, la Ley Habilitante y las cárceles venezolanas).
“Es alarmante que en 2010 se hayan presentado 159 casos de violación a la libertad de expresión y que las al menos siete denuncias que se han hecho respecto a agresiones contra periodistas estén aún en fase preliminar”, denunció Marcos Ruiz, secretario del SNTP.
El director de Espacio Público, Carlos Correa, destacó que las reformas de la Ley Resorte y la de Telecomunicaciones crean procesos de censura y autocensura, y dan potestad al Gobierno para el “cierre selectivo” de medios.
En cuanto a la criminalización de la protesta, la directora del Centro de DDHH de la UCAB, Ligia Bolívar, citó los casos de Rubén González, William Saud y Carlos Chancellor, y aseguró que se sigue usando la fuerza pública para combatir las manifestaciones.
Ley antiobstáculos
Mientras el abogado Pedro Nikken señaló que la Ley Habilitante “ha hecho ver que al proyecto bolivariano se le acabó la gasolina de la democracia”, el diputado del PSUV Carlos Escarrá expresó que “la Constitución no establece límites temporales”.
Asimismo, el parlamentario explicó que con dicho estatuto “se pretendía quitar un obstáculo para que Chávez pudiera cumplir con sus competencias, pero no por ello la Asamblea Nacional dejó a un lado sus atribuciones”.
Por su parte, el director del Centro de DDHH de la UCV, Héctor Faúndez, informó a la CIDH que esta ley puede dictar normas orgánicas que “violan la Convención Americana de DDHH”. Por el contrario, Escarrá tomó como ejemplo los gobiernos de Rafael Caldera y Jaime Lusinchi para describir que “esto es una tradición en Venezuela”.
Respecto a la situación de la Habilitante, el representante del Estado ante el sistema interamericano, Germán Saltrón, exigió a la CIDH que no se pronuncie hasta que el TSJ resuelva las demandas que se han emitido recientemente contra la ley.
¿Qué tiene que ver Carmona?
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, recordó que en 2010 se registraron 476 muertes violentas en las cárceles venezolanas. Saltrón no negó la situación, pero consideró “injustificado” que la Corte IDH haya dictado medidas cautelares a favor de seis prisiones venezolanas, lo que ubica al país en el primer lugar entre las naciones con resoluciones a favor de sus penales.
Tras manifestar que Venezuela no tiene una política integral para solventar la crisis penitenciaria, el comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió a Escarrá que lo invite al país, pues tiene ocho años tratando de acudir, a lo que el diputado respondió: “Paulo Sergio, estás invitado al país, personalmente te invito. Como persona puedes ir, pero a la CIDH que apoyó a Carmona no se puede invitar".
La CIDH se comprometió a realizar informes y agotar todos los mecanismos para que el Estado garantice los DDHH en Venezuela.
“El objetivo de este Gobierno son los presos políticos. Vivir bajo el estigma de ser enemigo de la revolución es lo más parecido a vivir en dictadura”
Indira Peña, esposa de Alejandro Peña Esclusa
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