Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual
Jesús Sotillo tose a escondidas. En los últimos cuatro años ha perdido casi 10 kilos. Intenta fingir una gripe mal curada para no revelar su desgracia: en el año 2006 le diagnosticaron sida.
Su nombre real debe ser resguardado, pues está privado de libertad en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso, mejor conocida como La Planta. En las cárceles venezolanas, son asesinados los reclusos que son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humano.
La vida de Sotillo cambió en marzo de 2003 cuando, junto a dos familiares, fue capturado in fraganti al intentar asaltar a un taxista en Caracas. A los pocos días, lo trasladaron a La Planta por tentativa de robo de vehículo automotor.
No transcurrieron numerosas semanas para que los internos de ese penal notaran que el joven es homosexual, razón que consideraron suficiente para golpearlo de forma brusca y abusar sexualmente de él, lo que presuntamente hizo que se contagiara de sida.
En aquella ocasión, la ley funcionó: para resguardar la vida y la seguridad de Sotillo, el tribunal de control que llevaba el caso le otorgó una medida cautelar sustitutiva a la prisión que lo obligaba a cumplir con un régimen de presentación.
Así pasó los siguientes 6 años y 7 meses hasta que en octubre de 2009 se llevó a cabo el juicio en el que resultó culpable y condenado a seis años y seis meses de prisión nuevamente en La Planta.
NEGLIGENCIA GUBERNAMENTAL Hoy, a sus 26 años de edad, Jesús Sotillo lleva 10 meses tras las rejas sin recibir ningún tipo de atención médica y, el pasado viernes, la jueza negó darle una medida humanitaria alegando que el interno no está en estado de gravedad.
"Aunque se ve bien físicamente, cada vez pierde más peso y tiene problemas respiratorios. La jueza ni siquiera permite que le den tratamiento dentro de la cárcel", denuncia Carlos Nieto Palma, abogado de Sotillo y director de la ONG Una Ventana a la Libertad.
En mayo de 2010 la defensora pública que lleva la causa solicitó al juez segundo de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, una medida humanitaria tras presentarle un informe médico que refleja la grave enfermedad que padece Sotillo y destacaba la importancia de que fuera atendido inmediatamente.
Esa solicitud fue ratificada en julio de este año por Una Ventana a la Libertad, organización defensora de los Derechos Humanos, que también señaló lo establecido en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal: "Procede la libertad condicional en caso de que el penado padezca una enfermedad grave o en fase terminal, previo diagnóstico de un especialista, debidamente certificado por el médico forense".
Igualmente se reiteró que el artículo 301 del COPP impone al Ministerio Público un plazo de 30 días para tomar la decisión de la querella y ya han transcurrido cinco meses.
Nieto Palma notificó el caso a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Dirección de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interior y Justicia, pero como no ha sido atendida su petición, acudirá ahora a la Comisión Interamericana de DDHH y al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
"El juez Timaury ha sido negligente e ineficiente en la defensa del derecho a la vida de Sotillo al no dar respuesta oportuna a las solicitudes hechas. Mientras tanto, su salud se va deteriorando y tememos próximamente un desenlace fatal", advierte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario