Los Yukpa inician huelga de hambre

Jesuita de 81 años se encadena en apoyo a la protesta

Los Yukpa inician huelga de hambre

Frente a la AN, este pueblo indígena exige la liberación de tres caciques detenidos en cárceles ordinarias

La Constitución establece que estas comunidades pueden aplicar su propia justicia con base en sus costumbres

Patty Fuentes Gimón

“¡Yukpa somos todos! ¡Yukpa somos todos!”, exclamaban los representantes de las comunidades indígenas en apoyo a la huelga de hambre que ayer iniciaron frente a la Asamblea Nacional familiares de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández, detenidos desde hace casi un año.

A esta protesta se sumó el hermano jesuita de 81 años de edad, José María Korta, fundador de la Universidad Indígena de Venezuela y defensor de los Derechos Humanos indígenas desde hace más de 40 años.

“Si este señor se muere aquí es por culpa del Gobierno”, advirtió el hijo de Sabino Romero, Isidro Romero Martínez, quien también insiste en que los Yukpa deben ser sancionados por sus propias leyes y no por las ordinarias.

La Lopci los protege

Las exigencias de estos Yukpa están basadas en el artículo 260 de la Constitución que establece que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos”.

De igual manera, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas prescribe que los jueces, al momento de dictar cualquier medida preventiva, deben procurar establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.

“Los conflictos de los pueblos Yukpa siempre son resueltos por ellos mismos. En este caso el problema está vinculado al Ministerio de Interior y Justicia porque tiene que ver con la demarcación de 280 mil hectáreas, donde hay uranio, vías ferroviarias en proyección y minerales”, denunció Luisbi Portillo, coordinador de la ONG defensora de los pueblos indígenas Sociedad Homo et Natura.

Isidro Romero Martínez a su vez señaló que en este caso hay intereses de por medio: “Los ganaderos no quieren que luchemos por recuperar nuestro territorio. Compraron la conciencia de algunos hermanos Yukpa y por eso se dio el conflicto. Además, los ministros, los fiscales y el juez también están interesados en esas tierras, razón por la cual tienen a los tres caciques presos en la cárcel de Trujillo”.

Portillo coincide con Romero Martínez y añade que “las pruebas están amañadas”, pues el fiscal 35 nacional, Américo Rodríguez, quien trabajó en Machiques y “tuvo una actitud neofascista contra los indígenas”, ahora está a cargo de este caso y “dice a viva voz que Sabino Romero es delincuente, violador y narcotraficante”.