El precio de protestar

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

“He perdido la cuenta de las veces que han diferido las audiencias. Lo que hacen es alargar el proceso para mantenerme aquí privado de libertad y no dejarme representar a los trabajadores”, manifiesta el secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco (FMO), Rubén González, detenido en agosto del año pasado por protagonizar una paralización de 15 días de los empleados que exigían que se cumpliera el contrato colectivo.

El martes se iba a llevar a cabo la audiencia de su caso, pero fue diferida para el 20 de julio por la ausencia de los escabinos. Seguirá recluido en la sede de Patrulleros de Caroní, policía de Ciudad Guayana.

Tras haberse comprometido a efectuar el contrato colectivo, la directiva de FMO armó un expediente que le sirvió a la Fiscalía para imputar a González de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, trasgresión de zonas de seguridad y restricción del libre tránsito.

TRABAJADORES ANTE TODO
Aunque el sindicalista confiesa ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura que para él es más importante defender las exigencias de los trabajadores que su inclinación política.

“Mi lineamiento no puede venir de un partido político, sino de la necesidad de los trabajadores. Soy autónomo dentro de mis decisiones. No puedo asumir una posición que vaya en contra de los empleados. Tengo mi conciencia muy clara de que lo que hice en ese momento tenía que hacerlo. Sigo militando con el PSUV, pero ellos no conmigo. Estoy esperando que me expulsen”, señala.

González dice que ningún militante de ese partido lo ha defendido a pesar de haber luchado por su causa. “Ellos no salen a hablar por mí. Ángel Marcano, José Ramón Rivero y otros dirigentes políticos del PSUV son los que están tras bastidores para criminalizarme y tenerme tras las rejas. Que me digan en dónde he fallado y lo reconoceré, pero yo no hice nada”, añade.

OTRO PRESO POLÍTICO
Rafael Uzcátegui, de Provea, afirma que el caso de Rubén González es emblemático, pues muestra cómo se politiza la justicia en Venezuela: “Se le han negado varios beneficios como el de ser juzgado en libertad. Se ha hecho uso arbitrario de la justicia. Con esto buscan que la gente se abstenga de manifestar pacíficamente”.

El defensor de Derechos Humanos asegura que la oposición no es la que protesta, pues “los principales actores de los conflictos en este país son las propias comunidades. Muchos siguen apoyando a Chávez, pero exigen sus derechos”.

Respecto al caso del sindicalista, Uzcátegui denuncia que ha habido retardo procesal, que el juicio ha sido político y que González es un preso más de Chávez.

LO QUE NO SE CUMPLE
Los trabajadores de FMO solicitaban que se cumpliera el convenio firmado por funcionarios de la Procuraduría General, del Ministerio de Planificación y Desarrollo, del Ministerio del Trabajo, de la directiva y el sindicato.

“No pagaron ni los retroactivos, ni el aumento salarial, ni las vacaciones, ni las prestaciones sociales. Además, ponen en riesgo la vida de los trabajadores y sus familiares porque los medios de transporte ya caducaron su vida útil. No estamos pidiendo regalos, sino que se cumpla lo firmado. El mismo Chávez vino al estado para mandar a homologar la contratación colectiva, pero tampoco cumplió”, denuncia.