Patty Fuentes Gimón
En las calles de Venezuela rondan alrededor de 12 millones de armas de fuego ilegales, según Amnistía Internacional. De los asesinatos que se cometen en el país, 89% se ejecuta con armamento de fuego, estima el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec).
Aunque el Estado no revela cifras oficiales de estas problemáticas, es de conocimiento público que las armas están por doquier. Sin embargo, no se tiene claro de dónde provienen.
“El gobierno nacional es el que está armando a los delincuentes en este país”, señala el diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira), quien ayer denunció que dos armas que habían sido incautadas por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (órgano adscrito al Ministerio de Defensa que hoy se denomina Dirección General de Armas y Explosivos), en operación conjunta con el Ministerio de Interior y Justicia, fueron utilizadas para cometer delitos.
En 2009 ─relató el parlamentario─ las mencionadas autoridades confiscaron 2 mil armas de la Policía de Táchira con fines “eminentemente políticos, pero el MinDefensa dijo que era para revisarlas, troquelarlas y luego regresarlas al cuerpo policial. Esa devolución no se efectuó jamás”.
Hace pocos días, “nos dimos cuenta de que dos de esas armas que están en actas de retención, de fechas 16 y 19 de octubre de 2009, fueron encontradas en la comisión de hechos punibles: una en un enfrentamiento entre la Policía de Lara y los presuntos antisociales en El Tocuyo (Lara), y otra en un intento de homicidio en Cordero (Táchira)”.
Por esta razón, ayer el diputado solicitó al Ministerio Público que investigue estos casos y, en el documento que introdujo en la Fiscalía, precisó que en ambos episodios los armamentos los llevaban presuntos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar.
“No puede ser que pase esto en un país que debe tener como norte luchar contra la inseguridad, que es el flagelo más grande que hoy sufrimos los venezolanos. Por ello, el Gobierno tiene que revisar estos hechos. Nuestra denuncia fue recibida por la Dirección de Secretaría Unidad de Registro del MP, con el número 0041, y esperamos que esta investigación se abra de manera clara. Estamos dispuestos a colaborar con ellos dado que tenemos las pruebas requeridas”, añadió Díaz.
El parlamentario informó también que llevará el caso a la plenaria de la Asamblea Nacional y espera que “la mayoría oficialista no se haga la vista gorda ante esta situación tan grave”.
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