Aceleran el retardo procesal

Patty Fuentes Gimón
La última cifra oficial acerca de la situación jurídica de la población privada de libertad revela que 66% de los internos son procesados, es decir, están recluidos mientras se deciden sus causas. Esta situación incluso ha sido reconocida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en diversas ocasiones ha expresado que “es un problema con el cual hay que acabar”.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Caracas ordenó la rotación de los jueces en funciones de Juicio, por lo que quedarán interrumpidos más de 250 juicios en curso en los 30 tribunales del Área Metropolitana de Caracas y, por ende, empeorará el retardo procesal.

“Esta es una gravísima irresponsabilidad que no tiene cabida en un Estado social democrático de derecho y justicia. El Código Orgánico Procesal Penal establece que los jueces deben rotar anualmente, pero esto no se puede hacer causando perjuicio a los procesados”, explica el abogado de la ONG Justicia y Proceso José Luis Tamayo, quien solicitó ayer a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar que deje sin efecto la decisión que vulnera los derechos colectivos de más de 300 procesados que van a quedar sin la tutela judicial efectiva.

Las interrupciones se van a producir porque el COPP prescribe que el juez que inicie un juicio debe terminarlo. “Van a tener que repetirse todas las audiencias. Esto va a ocasionar nuevas protestas por parte de los procesados y significa un costo económico, material y humano muy importante para el Estado, es decir, se está causando un gravísimo perjuicio al patrimonio público”, añade.

Tamayo denuncia que “hay intereses completamente contrarios a la administración de justicia” porque las rotaciones fueron establecidas para formar a los jueces de primera instancia. “Aquí se hacen de manera selectiva, se rota un juez de un tribunal a otro o se rotan jueces de las mismas salas de la Corte de Apelaciones, lo que contradice al COPP”, sostiene.

También señala que “todo pareciera indicar que se busca entorpecer la labor de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien está haciendo lo posible por acelerar los procesos”.