Patty Fuentes Gimón
Foto: Saúl Uzcátegui
Eloísa Álvarez lleva cinco años tratando de recuperar su vivienda en Colinas de Bello Monte, Caracas. En 2002 decidió alquilar su apartamento porque no tenía ingresos suficientes para mantener a sus dos hijas. Cuando venció la prórroga legal de los inquilinos, en octubre de 2009, Álvarez les avisó que debían retirarse de la vivienda, pero estos se negaron, por lo que el caso fue llevado a tribunales.
Después de un año y un mes de espera, en noviembre de 2010 se firmó la sentencia firme con orden de desalojo forzoso, pero no logró que los arrendatarios salieran.
El 10 de enero de 2011, la propietaria del apartamento presentó una segunda orden de desalojo forzoso a sus inquilinos, quienes solicitaron un lapso de 15 días para salir voluntariamente, de los cuales se les otorgaron 10, por lo que debían retirarse el 20 de enero.
Cuando llegó el día y Álvarez notó que los arrendatarios no tenían intenciones de salir, decidió instalarse en el pasillo frente a su apartamento. Han transcurrido once días desde entonces y los inquilinos alegan estar amparados por la ley, pues el 14 de enero el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo las instrucciones del presidente Chávez, publicó un oficio que suspende temporalmente los desalojos de inmuebles alquilados.
“Hay muchas Eloísas”
Álvarez es uno de los 1.500.000 propietarios que se ven afectados por el oficio del TSJ, según el coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Raimundo Orta Poleo, quien también estima que directamente deben haber sido detenidas las ejecuciones de 4 mil sentencias en todo el país.
“El oficio lo firma Luis Estela Morales en su carácter de presidenta de la Comisión Judicial del TSJ y no en nombre de la presidencia del TSJ porque eso no ha pasado por un juicio. Esa comisión no tiene facultad para ordenarles a los jueces que no ejecuten temporalmente medidas judiciales, preventivas o ejecutivas que conlleven al desalojo de inmuebles destinados a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva”, explica el abogado.
El escritorio jurídico Orta Poleo ejerció el recurso de reconsideración administrativa para que, en los próximos 15 días, revoquen totalmente la decisión. “Ya quedan sólo 4 días. Si no lo hacen, tendremos que recurrir a la Sala Constitucional porque se violan los derechos a la defensa y al debido proceso”, señala.
¿Desalojos arbitrarios y masivos?
A juicio del experto en materia inmobiliaria, “en gran parte se acabó el Estado de derecho en el país porque un órgano administrativo no puede ir contra los poderes Judicial y Legislativo”.
Orta Poleo indica que esta medida proviene de un error fundamental que se comete en Venezuela: “El TSJ no debería tener funciones administrativas que antes dependían del Ministerio de Justicia”.
El abogado denuncia que el oficio estuvo motivado “porque algunas personas que se dicen representantes de los arrendatarios, convencieron a esos órganos de que aquí se producen desalojos arbitrarios y masivos. No pueden ser arbitrarios porque siempre vienen de un acto de un tribunal, ni pueden ser masivos porque los juicios son individuales”.
¡Alerta, inquilinos!
Orta Poleo entiende a los inquilinos, pues después de que declararon la congelación de alquileres, quedaron inmovilizados. “No consiguen lugar para mudarse como inquilinos, sino que tendrían que pasar a ser propietarios y los inmuebles no están al alcance económico de muchos de ellos. Por eso, se aprovechan de este oficio”, dice. Sin embargo, advierte a los inquilinos que se mantengan al día con sus pagos y busquen vivienda porque “cuando se levante esta medida podrían quedar en la calle”. El abogado asegura que “el Gobierno debe recapacitar, pues está contrariando totalmente la Constitución”.
“La ley establece cómo son los procesos judiciales y ningún órgano, ni siquiera un tribunal, lo puede modificar”
Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur
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