Patty Fuentes Gimón
La población penal ha crecido 200% desde el año 2006. Ante esta situación, el Gobierno ha entendido que la prisión no debe ser el mecanismo necesario de cambio de la conducta humana, o al menos así lo afirma el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Edwin Rojas Mata.
“Creemos en la libertad como principio y en la prisión como excepción. Somos fieles creyentes de que los juicios deben ser en libertad, pero sabemos que eso no es lo que pasa en la realidad”, dijo Rojas ayer durante la consulta pública del proyecto del Código Orgánico Penitenciario, llevada a cabo en la sala Simón Rodríguez de la Asamblea Nacional.
La reunión estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Yelitze Santaella (PSUV-Delta); del viceministro Rojas Mata; y del secretario ejecutivo del Consejo Superior Penitenciario, Reinaldo Hidalgo.
“Hemos recogido el sentir de los privados de libertad, sus familiares y los funcionarios. Hoy nos toca escuchar el planteamiento de las instituciones para enriquecer este instrumento jurídico. Sabemos que se ha venido avanzando, pero hace falta acelerar los instrumentos que permitan un mayor avance en la situación penitenciaria”, destacó Santaella, sobre el código ya aprobado en primera discusión.
Prisión como excepción
En cuanto al trabajo en las prisiones, el representante del Ministerio de Interior y Justicia indicó que “el presidente Chávez propone que todos los privados de libertad salgan todo el día a trabajar, de manera que se reduzca el tiempo intramuros y que las cárceles sean centros de producción. Ahí está una de las claves fundamentales para la solución del hacinamiento penitenciario”.
Rojas también reconoció que “detrás del problema penitenciario hay grandes mafias, donde están involucrados funcionarios y no funcionarios. Hay gente que vive del caos penitenciario”.
Penitenciaristas a un lado
Hidalgo, a su vez, sostuvo que el Código Orgánico Penitenciario es necesario porque las normas carcelarias que existen actualmente interfieren entre ellas y para “desarrollar el precepto constitucional en una legislación robusta, progresista y capaz de atender la perspectiva más reciente que domina la doctrina penitenciaria internacionalmente”.
Respecto a esto, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, dijo en su intervención que la idea de crear este código surgió en 2000 y que la descentralización de las cárceles se establece en el artículo 272 de la Constitución, mientras que en el este código “no está claro el término”.
Nieto Palma denunció que también se ignora a los penitenciaristas y al Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, fundado hace 20 años por el doctor Elio Gómez Grillo. “Hablan de formación penitenciaria de refilón”, agrega. Lo mismo sucede con la asistencia postpenitenciaria que también está establecido en la Constitución.
Otro aspecto que el defensor de DDHH de los reclusos reprocha es que en el Consejo Superior y el los consejos regionales se deja a un lado a la sociedad civil y a las ONG. También se refirió a que el código debe tener vacatio legis de al menos uno o dos años porque “no hay estructura para empezar a aplicarlo”.
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