Patty Fuentes Gimón
Cuando el Cicpc era la PTJ, se resolvía 83% de los casos. Hoy, según la propia Fiscalía, la impunidad es de más de 90%. La poca importancia que el Gobierno le ha dado a la policía científica, ha generado que ésta se deteriore cada día más.
“Nunca se le ha dado a la organización el apoyo económico ni el equipamiento tecnológico que se requiere. Tampoco hay patólogos suficientes. La población crece, el delito se incrementa y la policía se mantiene del mismo tamaño o decrece en capacidad tecnológica”, explica Pablo Eliseo Guzmán, ex director de la PTJ.
La policía científica venezolana tiene 53 años de fundada y, actualmente, cuenta con una nómina aproximada de 8 mil funcionarios, entre personal administrativo y policial. Para labores eminentemente de investigación criminal (pesquisas, ciencias forenses y criminalísticas) están en funciones sólo 4.200 empleados.
Según el criminólogo Fermín Mármol García, el estándar de la Organización de Naciones Unidas establece que para un país como Venezuela, la policía científica debería tener 25 mil personas en el área de investigación.
En cuanto al aspecto tecnológico, Mármol García destaca que en el país no funciona ni el sistema AFIS (de huellas dactilares digitalizadas) ni el IBIS (sistema balístico digitalizado). Además, denuncia que el Cicpc sólo tiene 15 laboratorios de criminalística cuando debería tener 24; que el personal policial no tiene póliza de HCM ni de vida. “Esa institución tiene los estándares de la década de los 80, por eso no puede dar respuesta al problema delictivo del país”, añade.
Politización y delitos
Más de 80% de los funcionarios del Cicpc están inscritos en el PSUV, de acuerdo con Mármol García. Aunque no existe prohibición expresa de que formen parte de algún partido, el problema está en que la policía científica no siempre tiene reservas morales a la hora de resolver casos.
“La administración del comisario general Marcos Chávez le hizo mucho daño a la policía científica venezolana. Esos siete años hicieron que se acuartelara y tomase banderas político partidistas”, señala Mármol García.
Guzmán, por su parte, reconoce que anteriormente los funcionarios del Cicpc también cometían delitos, pero aclara que los jefes no protegían esas situaciones. “Ahora lo que está pasando es que las instituciones se desmoronan en la medida en que no siguen la norma, se olvidan de los valores y pierden la identidad organizacional”, dice.
El Cicpc es la institución policial con más denuncias por violaciones a los DDHH. “Este es un indicador, pero puede tratarse de una estrategia legal para descalificar a quien investiga y detiene a la gente. La otra hipótesis es que realmente vulneran los DDHH. Las responsabilidades penales son individuales; un funcionario del Cicpc no es el Cicpc como institución. En cualquiera de los casos, el Ministerio Público está en deuda de dar respuesta a esas denuncias”, sostiene Mármol García.
Linchamiento institucional
El criminólogo también advierte que otras instituciones tienen intención de desmembrar el Cicpc. “La Fiscalía sueña con que le entreguen toda la parte criminalística y de ciencias forenses al Ministerio Público, lo cual es un error porque primero debe dedicarse a sus funcionarios, ya que son apenas 700 fiscales cuando deberían ser 2 mil. La Policía Nacional Bolivariana, en vez de cumplir con lo estipulado en el artículo 332 de la Carta Magna, que dicta que sea una policía preventiva, está empecinada en abrir áreas de investigación”, detalla.
Venezuela
- Es el noveno país con más secuestros en el mundo
- Ocupa la segunda plaza con más homicidios en América
- Está entre los 15 países más corruptos del planeta
- Es un territorio fértil para el delito porque no hay castigo
“Fiscales del MP participaron en la primera autopsia que se les hizo a los muertos de El Rosal, ¿por qué exhumaron a los cadáveres entonces?”
Fermín Mármol García
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