Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual
Betty Martínez y Fernando Casado llevaban cuatro meses casados cuando, después de varios intentos, la mujer quedó embarazada. Al darle la noticia a su esposo, la respuesta no fue la esperada: "No estoy preparado para tener un hijo.
Tienes que decidir si quieres continuar con tu embarazo o continuar con tu matrimonio". Tener al bebé fue la decisión.
"El señor me abandonó y fui maltratada física y psicológicamente por decidir continuar con mi embarazo. Acudí a Inamujer y me atendió la doctora Neyla Isturdes, quien me refirió ante el Cicpc y a la Fiscalía 64 de violencia contra la mujer. Logré que lo imputaran por violencia psicológica y patrimonial en mi contra", relata Martínez.
Aunque Casado no quiso ocuparse del embarazo, cuando el niño cumplió sus primeros meses demandó a la madre ante el tribunal de menores por no dejar verlo. "Yo estaba dispuesta a que lo viera todos los días, pero una vez tenía que devolvérmelo a las tres de la tarde y apareció a las nueve de la noche", dice Martínez.
El 13 de agosto de 2009, varios funcionarios policiales, militares y alguaciles rodearon el módulo de Barrio Adentro en el que Betty Martínez trabaja y se llevaron al pequeño a la fuerza. "Atropellaron también a integrantes de los consejos comunales que querían defenderme. Fui humillada delante de mi familia y mis pacientes, pues me obligaron a entregar al bebé que, además, estaba enfermo en ese momento. Me exigieron que suspendiera la lactancia materna para que el padre disfrutara de un régimen de convivencia familiar y se lo llevara a su casa", recuerda con desagrado.
Esta misma situación se presentó dos veces más.
"Una vez fue la jueza también, le dio un manotón a la puerta y me amenazó con meterme presa. Siempre me tapa la boca diciéndome que ella es la máxima autoridad y que puede hacer lo que quiera. Hasta los funcionarios que ella misma llevó a mi módulo pusieron cara de indignación", señala.
La sentencia fue ratificada posteriormente por la jueza Rosa Reyes, jefa del circuito judicial, con quien Martínez se había reunido días antes y le había prometido ayudarla. De ahora en adelante, la madre debía cumplir con el Régimen de Convivencia Familiar Supervisado y el niño pasaría martes, jueves y dos fines de semana al mes con su padre, a pesar de que en la evaluación psicológica ante el equipo multidisciplinario confesó ser consumidor de marihuana.
"Fernando Casado es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y asesor internacional en el Minci. Como es una persona que lo que quiere son cargos políticos, usa a mi hijo para demostrar a sus amigos que es buen padre y no le da ni medio al bebito para su manutención.
La juez de violencia contra la mujer y el abogado del señor son amigos", añade.
MEDIDAS DE DESPROTECCIÓN Durante la estadía con su papá, el infante ha presentado lesiones corporales en dos oportunidades. La primera fue el pasado 8 de febrero, día en que el niño regresó a casa de su madre con un golpe fuerte en la rodilla; y la segunda fue el 22 de ese mismo mes cuando fue devuelto con una deformación en la cabeza y con fiebre de 40ºC. En esa ocasión, lo trasladaron al hospital de niños, donde le diagnosticaron un hematoma subgaleal en el occipital derecho. El padre no se hizo responsable a pesar de haberse producido el golpe, estando bajo su guardia y custodia.
En junio de este año, Casado entregó al bebé con intenso olor a nicotina en su cabello, piel y ropa.
Martínez solicitó al equipo multidisciplinario que incluyeran esto en las actas de entrega y puso la denuncia ante el Consejo de Protección. Logró que suspendieran provisional- mente el régimen de convivencia familiar como medida de protección hasta que se comprobaran las denuncias.
El padre amenaza a Martínez de llevarse al niño a España. Incluso, le sacó el pasaporte sin autorización de la madre. Ella denuncia ante el tribunal, pero la acusan de paranoica.
DENUNCIAS NO ESCUCHADAS Betty Martínez ha denunciado a la jueza que lleva el caso, Rosa Caraballo, por separarla de su hijo lactante de un año de edad. También denunció a Rosa Reyes, jefa del circuito judicial, por utilizar sus influencias para favorecer al padre del pequeño. Ninguna de las dos denuncias fue tomada en cuenta. Ahora recusará a la juez y solicitará que el papá vea al niño en el tribunal para que “no pueda drogarse ni maltratar a mi hijo, porque estará bajo vigilancia”.
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