Por: Patty Fuentes Gimón
El chavismo parece estarse preparando para lo peor el próximo 26 de septiembre. Ahora, con el proyecto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto se encuentra en segunda discusión, el Poder Legislativo quedará subordinado al Poder Judicial.
Todo parece indicar que con la intención de hacer de la Sala Constitucional un órgano controlador directo de la actividad de la Asamblea Nacional se busca neutralizar al Parlamento que, a partir de septiembre, podría quedar en su mayoría en manos de la oposición.
“Quieren adelantarse a las decisiones que tendrán que tomarse en la AN en relación a la responsabilidad presidencial, a las leyes constitucionales, al estado comunal y al conjunto de leyes que le han dado piso al sistema autoritario militarista que vive Venezuela”, asegura el abogado constitucionalista Hermann Escarrá.
Ciudadanos pisoteados
El numeral 6 del artículo 5 de dicha ley expone que el TSJ tiene la potestad de “declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la AN, que colidan con la Constitución”, pero omite la segunda parte de ese artículo que dictaba declarar esa nulidad “mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad.
La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial, determinando expresamente sus efectos en el tiempo”.
El abogado considera que, con esta medida, se perdería la acción ciudadana. “Es extremadamente grave porque la Sala Constitucional, controlada por el Presidente, ahora se avocará a declarar la nulidad de cualquier acto parlamentario. Se le está dando la espalda a una tradición venezolana: el recurso de acción de inconstitucionalidad es de carácter popular”, añade.
Por encima de la Constitución
La separación de los poderes va a ser anulada. La Sala Constitucional pasará a tener naturaleza de órgano judicial a órgano controlador directo de la Asamblea Nacional.
“Esta reforma no solamente nace por razones jurídicas, sino es una manera de controlar al TSJ desde el Ejecutivo. Todo el piso ideológico del discurso presidencial lo ha elaborado la Sala Constitucional, pues mantienen una relación muy estrecha. La intención es consolidar la presidencia imperial en Venezuela”, dice Escarrá.
En los artículos 334, 335 y 336 de la Carta Magna se enumeran las atribuciones de la Sala Constitucional del TSJ, pero con el proyecto de esta ley se le está dando más competencia de la expuesta en la Constitución.
“El régimen quiere avanzar no sólo en la función jurisdiccional, sino en las contraloras, lo que desnaturaliza y entra en contradicción con lo establecido en la Carta Magna”, denuncia Escarrá.
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