Patty Fuentes Gimón
Venezuela es el único país que tiene ocho cárceles con medidas de protección emanadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A otras naciones como Brasil, Argentina y El Salvador también se les ha aplicado este tipo de resoluciones, pero no en tantas prisiones.
La semana pasada, la Corte Interamericana de DDHH dictó medidas provisionales de protección a favor de los reclusos de la cárcel Vista Hermosa, ubicada en el estado Bolívar. La sentencia se dio luego de que Una Ventana a la Libertad presentó a la instancia internacional a comienzos de este año la mencionada solicitud “en virtud de los graves hechos de violencia que venían sucediendo en esa prisión”, según destacó la ONG a través de un comunicado.
A través de dicha medida, la Corte Interamericana ordena al Estado venezolano “que adopte de forma inmediata y definitiva las medidas que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar” y que “remita trimestralmente un único informe donde se refiera, de manera específica, a las medidas que esté adoptando para proteger la vida e integridad de los beneficiarios”.
Al respecto, Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, explicó que “esto significa que la situación en las cárceles venezolanas es de mucho peligro y el objetivo básico de las medidas de protección es garantizar la vida de los reclusos y crear mecanismos para solucionar el grave problema que se vive en los recintos carcelarios”.
Estado rebelde
A pesar de que el Estado venezolano firmó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, no acata las decisiones de la Corte. “El problema del Sistema Interamericano de DDHH es que no tiene manera de obligar al Estado. Las obligaciones internacionales están fundamentadas en la buena fe, pero éste es un Estado malandro y rebelde”, asegura Juan Carlos Apitz, magistrado destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
A juicio de Apitz, la situación carcelaria debería plantearse en la Asamblea General de la OEA como un tema de violación permanente de DDHH en Venezuela.
Que el Sistema Interamericano haya otorgado estas medidas significa que ante los ojos del mundo se revela la situación penitenciaria del país. “El sistema penitenciario venezolano está en absoluta crisis y no hay más culpable que el Poder Ejecutivo. Hay 47 mil presos, cuando nuestro sistema fue diseñado para 12 mil”, añade.
Nieto Palma considera que aunque la medida no dé resultados inmediatos, “va a servir en un futuro, porque las violaciones a los DDHH no prescriben. A lo mejor el Estado no hace nada, pero esto va creando un expediente”.
Crisis penitenciaria
Además de Vista Hermosa, siete cárceles venezolanas están protegidas por la Corte Interamericana de DDHH: La Pica, Yare I, Yare II, Uribana, Rodeo I, Rodeo II y Tocorón.
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