Oda a la impunidad

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Un año no ha sido suficiente para que la Fiscalía General de la República resuelva el caso de los doce periodistas de la Cadena Capriles que fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 30 individuos, identificados como "simpatizantes de la revolución", cuando repartían en la avenida Urdaneta volantes en rechazo a la discusión de la Ley Orgánica de Educación.

Ocho de los doce lesionados fueron de gravedad.

Uno de ellos fue Ubaldo Arrieta, quien recuerda que esa fue "una experiencia dramática, donde quienes ejercemos el periodismo que recoge las realidades que vive Venezuela, nos vimos de frente con la intolerancia y la violencia de un sistema que no permite la crítica ni el enjuiciamiento de la colectividad frente a sus deficiencias en la función pública".

Arrieta fue brutalmente golpeado en la cara, lo que le produjo una fractura del tabique nasal, razón por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

Pese a que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el caso se resolvería rápidamente, aún no se ha hecho justicia. Los periodistas han acudido en diversas oportunidades al Ministerio Público República para exigir que sean castigados los responsables de este suceso.

Incluso, en marzo de este año, William Echeverría, entonces presidente del Colegio Nacional de Periodistas, denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y advirtió que situaciones como esta ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

La CIDH incluyó en su informe de 2009, emitido a principios de este año, la golpiza a los periodistas de la Cadena Capriles.

IMPUNIDAD SIN FIN

Hasta ahora, solamente ha sido procesado uno de los agresores, pero el Ministerio Público todavía no ha presentado un acto conclusivo.

Gabriel Jesús Uzcátegui Beumont, de 28 años de edad, fue imputado el 17 de agosto de 2009 por la presunta comisión de los delitos de agavillamiento, lesiones leves, instigación pública en el supuesto del odio entre los habitantes y concurso real de los delitos. Estuvo detenido solamente durante cuatro días.

También existen dos órdenes de captura expedidas por el Tribunal 16 de Control contra dos sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en los hechos, pero el Cicpc no los ha aprehendido.