Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual
A sólo cuatro días de las elecciones parlamentarias, la ONG Espacio Público propone una agenda legislativa, “basada en los Derechos Humanos Internacionales”, que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.
El director de Espacio Público, Carlos Correa, destacó que la primera recomendación que hacen a los próximos diputados de la Asamblea Nacional es promover una ley de acceso a la información pública para “facilitar el control ciudadano de la gestión pública, por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado”.
Correa aclaró que esa información debe ser publicada por el Gobierno “sin que haya que pedírsela” y que dicha ley debería ajustarse a la “ley modelo” aprobada este año por la Organización de Estados Americanos.
Respecto a las manifestaciones públicas, la organización plantea reformar el artículo 357 del Código Penal que establece que “quien ponga obstáculo en una vía de circulación de cualquier medio de transporte… o realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años”.
Asimismo, se sugiere crear una ley que sancione a los funcionarios que hagan uso desproporcionado de la fuerza, de armas de fuego o gases tóxicos en el control de manifestaciones.
“Debe haber equilibrio, un trato igualitario para todos los sectores, pues la regulación del derecho a la manifestación no puede vaciar el derecho”, asegura Correa.
El defensor de Derechos Humanos considera necesario despenalizar los llamados “delitos contra el honor y la reputación”, contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal. A su juicio, “restringen la libertad de prensa y de expresión, y pueden ser resarcidos a través del derecho a réplica o reparaciones económicas proporcionales”.
LO PÚBLICO ES DE TODOS
Espacio Público exhorta también a que se elaboren leyes que:
- Controlen los medios públicos para que sean dirigidos por un ente independiente al Estado y estén al servicio del conjunto de la sociedad y no de una parcela.
- Regulen la publicidad gubernamental “a fin de que se siga una administración justa”.
- Garanticen la diversidad y pluralidad en la futura implantación del modelo de radio y televisión digital.
- Promuevan el acceso universal a internet y la neutralidad de la red.
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