Un estado forajido en DDHH

Patty Fuentes Gimón

Foto: Ilich Otero

El Estado venezolano hace caso omiso a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ninguna de las diez sentencias que el órgano internacional ha emitido acerca de Venezuela ha sido acatada a plenitud.

Ocho de las doce veces que el Estado venezolano ha sido demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han ocurrido durante el actual gobierno. Incluso, dos de los cinco casos que la Corte lleva a cabo en este período son de Venezuela, entre los que está el de la inhabilitación de Leopoldo López.

“Tenemos un pie adentro y otro afuera de la Convención Interamericana de DDHH. Cuando en 2008 el TSJ declaró inejecutable la decisión de la Corte de reincorporar a los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se les arrebataron a los venezolanos sus DDHH”, explica Juan Carlos Apitz, exmagistrado afectado por dicha medida.

Los tratados internacionales no son supraconstitucionales –añade Apitz– pero sí tienen el mismo rango que la Carta Magna porque integran el Bloque Constitucional. “Decir que los tratados no se cumplen es como decir que la Constitución tampoco se cumple. Por eso, el Estado no puede sustraerse de la Convención simplemente con un procedimiento de separación, sino que haría falta un referéndum, tal como tendría que hacerse si se quisiera modificar la Constitución”, dice.

Los artículos 23 y 31 de la Carta Magna establecen la importancia de los pactos de DDHH en el ordenamiento jurídico interno. Además, “prevalecen siempre que sean más favorables para los ciudadanos, pues la Convención reconoce derechos que no están en nuestra Constitución”, aclara el exmagistrado.

El abogado defensor de los DDHH Rafael Narváez, por su parte, señala que los estados, lejos de oponerse al papel que juegan los medios de comunicación en el Sistema Internacional de DDHH, deben buscar “la mejor manera de insertarse en ella de acuerdo a sus intereses”.

Emergencia judicial

La sentencia de la Corte IDH que exigió al Estado venezolano la reincorporación de los magistrados destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, es una pequeña muestra de la emergencia judicial de Venezuela.

De acuerdo con Apitz, “se ha hecho un plan muy bien orquestado para que no haya justicia ni sistema de justicia” en el país, pues “eliminaron la autonomía funcional, financiera y administrativa del TSJ; la participación ciudadana en la elección de los jueces; los procedimientos disciplinarios para destituir a un juez; la prohibición de asociación entre jueces; las competencias de dirección de gobierno y administración del TSJ y la posibilidad de que el máximo tribunal elabore su presupuesto”.

En pocas palabras, el abogado asegura que se eliminó la estabilidad de los jueces, a pesar de estar recogida en la Constitución, porque “tienen que tener garantía de que no serán removidos de sus cargos por las decisiones que tomen, pero en Venezuela, la Comisión Judicial del TSJ destituye jueces con oficios de tres líneas: ‘Por observaciones del desempeño de su cargo, hemos decidido revocar su nombramiento’”.

La propia presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, reconoció durante el inicio del año judicial, que en 2010 se produjeron 1.479 nombramientos en el Poder Judicial. “En Venezuela hay 1.914 jueces en total, por lo que 74% de los jueces del país son provisorios”, calcula Apitz.

“Ningún juez toma una decisión que afecte los intereses del Gobierno. Ni siquiera a los jueces titulares les reconocen su estabilidad, porque con una parafernalia de procedimientos disciplinarios, son destituidos en pocos días. Por ejemplo, el caso de la jueza Afiuni, removida en 24 horas”, agrega.

Nos vemos en la bajadita

Apitz relata que el año pasado el Estado venezolano anuló la sentencia de la Corte IDH respecto al caso de las destituciones de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Ante esto, los jueces de la Corte IDH informaron que publicarán si reconocen o no la decisión del TSJ. “En las próximas semanas, saldrá esa decisión donde seguramente obligarán al Estado a cumplir con la sentencia o habrá que discutir este año en el seno de la Asamblea de la OEA las sanciones que se tomarán, lo que abrirá una ventana para el resto de las sentencias que no se han cumplido”, estima y asegura que “el Estado venezolano puede ser calificado como un estado forajido, lo que lo deja mal parado frente al resto de los estados de América”.

“En Venezuela, no hay justicia ni sistema de justicia. Lo que hay es un una parafernalia que han montado para hacernos creer que hay Poder Judicial” 

 Juan Carlos Apitz, ex magistrado