Patty Fuentes Gimón
A los delincuentes cada vez se les hace más sencillo conseguir un arma de fuego para cometer crímenes. Según Amnistía Internacional, en Venezuela hay aproximadamente 12 millones de armamento de fuego ilegal, mientras que los números que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia revelan que son 5 millones.
Lo cierto es que las propias cifras de asesinatos, hurtos, secuestros, sicariatos y otros delitos evidencian que las armas están por doquier. ¿Cómo se nutre este mercado de armas ilícitas? El criminólogo Fermín Mármol García resalta cuatro maneras de obtener armamento de fuego ilegal.
En primer lugar, existen cuatro grupos subversivos que manejan el tráfico de armas y municiones ilícitas en Venezuela, que controlan la ruta del narcotráfico, del secuestro y de las extorsiones. Estas agrupaciones son: las FARC, el ELN y los paramilitares (estos tres son colombianos) y el Frente Bolivariano de Liberación (venezolano).
En segundo lugar, Mármol García destaca la corrupción, es decir, “el funcionario público, ya sea civil o militar, que es reclutado por el delito organizado y empieza a recibir prebendas por distraer y negociar municiones y armamentos en el país”.
El criminólogo añade que “hay un mercado negro que se nutre de aquel particular que ha sido sorprendido en un atraco, en hurtos a viviendas o a empresas, o sea, esto sucede cuando la delincuencia venezolana desarma a la población civil”.
Por último, se refiere al lavado de dinero. “La delincuencia organizada, a través del dinero obtenido del narcotráfico o del secuestro, empieza a comprar armamento en el exterior, que por vía marítima llega a Venezuela desde otros países latinoamericanos. Este es el narcotráfico que en Venezuela opera como puente, como territorio de movilidad de los narcóticos, pues 52% de los cargamentos de cocaína que llegaron a Europa y África el año pasado salieron de Venezuela, según la propia Organización de Naciones Unidas”, sostiene.
El diputado Juan Carlos Caldera, miembro de la Comisión de Política Interior y que lleva adelante el proyecto de la Ley para el Desarme, coincide con Mármol García y resume tres grandes fuentes para disponer de armas ilícitas: robo o extravío de armamento legal de personas con porte, contrabando que viene de otro país y decomiso de armas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Las ganancias del delito
De acuerdo con Caldera, 63% de las personas que murieron el año pasado por armas de fuego recibieron más de cinco impactos de bala, lo que demuestra la factibilidad de disponer de municiones.
Hoy en día, el precio de un arma de fuego ilegal es de aproximadamente 5 mil bolívares fuertes, pero depende de la capacidad de carga de municiones que tenga el armamento y de si es automática o semiautomática. Una caja de 50 municiones cuesta alrededor de 600 bolívares fuertes, explica Mármol García.
“Las ganancias producto del delito son de tal magnitud que el riesgo está minimizado y que a los delincuentes les parece económico comprar armas y municiones. Por ejemplo, cada secuestro express está en 100 mil bolívares fuertes y el secuestro prolongado en 500 mil bolívares fuertes. En 2011, en comparación con 2010, se rompió el récord de asalto a bancos y blindados, y el secuestro volvió a repuntar desde julio de este año. También el microtráfico y el tráfico de drogas generan ganancias muy importantes”, agrega el experto.
El especialista en criminología analiza que más aún sucede esto en un país donde la policía uniformada no está en la calle, el Cicpc está acuartelado, la ciudadanía está desprotegida y la impunidad está montada en 92%. A su vez, resalta que desde febrero de 1999 hasta hoy el secuestro se ha incrementado en 480% y el homicidio en 270%, y que Venezuela está entre los 15 países más corruptos del planeta.
Lo que los diputados proponen
Caldera informa que uno de los planteamientos que hacen los diputados que participan en el proyecto de Ley para el Desarme es la individualización del cartucho, ya que “es la única manera de tener la seguridad de a quién se le vendió la munición y eso va a permitir que las personas que adquirieron municiones sean más responsables en el destino que le dan”.
También propone la serialización de las municiones y utilizar diferentes colores para saber quién tiene la bala, es decir, para las Fuerzas Armadas, un color; para los policías, otro; y para los civiles, otro.
Recargadoras artesanales
El criminólogo Fermín Mármol García sostiene que en las barriadas venezolanas es muy factible que existan recargadoras artesanales, es decir, máquinas caseras con las cuales los ciudadanos comunes pueden elaborar municiones. El último decomiso de un aparato de este tipo fue en 2009, cuando funcionarios de la Policía Metropolitana desmantelaron en Petare una recargadora artesanal.
Sólo 8 de cada 100 delitos son castigados en Venezuela
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