Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual
"Ya estamos por dar inicio a nuestro sistema de limpieza. Ya verán que todos estarán agradecidos con nuestro grupo... No respetaremos a nadie, así que las esposas, hijos, madres, hermanos, amigos y familiares de esas sucias escorias que vamos a resaltar retírense porque así los abracen, los escondan o se les abalancen encima el día del turno, igual van a morir con ellos", se advertía en los panfletos que circulaban en Portuguesa en junio del año pasado, donde la "Nueva organización del tristemente célebre Grupo Exterminio" amenazaba con asesinar a 126 presuntos delincuentes.
La intimidación no fue en vano. Elvis Mendoza Carvajal, de 29 años, resultó muerto a manos de funcionarios de la Policía de Portuguesa la mañana del pasado martes por múltiples impactos de bala en el pecho, la espalda, el brazo y la cabeza. Es el cuarto miembro de la familia asesinado por cuerpos de seguridad de ese estado.
"La policía nunca nos ha dejado en paz. Esta fue una muerte anunciada desde que nos enteramos de que los seis policías que mataron a nuestros tres familiares habían salido en libertad y ya estaban otra vez patrullando en las calles. Sabíamos que iban a hacerle daño a Elvis o a cualquiera de los nuestros", manifestó Mariela Mendoza, hermana del joven asesinado, quien también aseguró que, aunque su familia tiene una medida de protección emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca se han sentido protegidos.
De acuerdo con los testimonios de los familiares, Elvis Mendoza, quien deja huérfanos a dos niños (de 5 y 6 años), se encontraba en una empresa de alimentos cuando varios funcionarios de la Policía de Portuguesa dispararon contra él frente a un grupo de obreros y a su padre, Ramón Mendoza, quien fue detenido en la Comisaría de Páez durante casi un día.
VIVIR CON MIEDO
En el año 2000, un grupo de efectivos policiales allanaron la vivienda de la familia Mendoza, ubicada en el sector 8 de Baraure II, en el municipio Araure de Portuguesa, y se llevaron detenidos a tres de los hermanos: Ender, Gonzalo y Alexander, quienes posteriormente aparecieron asesinados.
En octubre de 2002, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de esta y otras familias víctimas de amenazas en Portuguesa. Dos años después, Mariela Mendoza resultó herida de bala en la espalda, la mano y el antebrazo por un sujeto armado vestido de civil cuando reposaba frente a su casa.
Desde entonces, la familia Mendoza Carvajal no ha conseguido la paz, pues en repetidas ocasiones ha sido víctimas de ataques.
"Estamos preocupados porque teníamos una medida cautelar que nunca se cumplió. No hay duda de que haya sido la Policía de Portuguesa la que mató a mi hermano, pues fue a plena luz del día frente a muchos vecinos", señala el hermano de la víctima, Luis Mendoza.
PATRÓN REPETIDO
"Los grupos de exterminio aparecieron hace aproximadamente ocho años en Portuguesa. El modus operandi que utilizan siempre es muy parecido: le quitan la ropa a la víctima, le botan la documentación, lo dejan en una zona solitaria y aparece torturado", explica César Vizcaya, representante del Comité de Víctimas contra la Impunidad en Lara.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, denuncia que la impunidad ha prevalecido en todos los casos de este tipo.
"El promedio de investigaciones está por el orden de 600 al año. La mayoría de estos casos no llegan a juicio, por eso se repiten los fenómenos parapoliciales que siempre tienen el mismo patrón: grupos compuestos por civiles y funcionarios policiales que extorsionan a personas, realizan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales", añade.
Vizcaya asegura que en estos sucesos la justificación que se da es que los asesinados eran delincuentes, pero "a veces lo que realmente pasa es que no se bajaron de la mula o no pagaron la vacuna".
"Normalmente eso es característico. Si no pagan los 10 mil bolívares ó 15 mil bolívares que les piden, les quitan la vida y luego descalifican a la víctima para justificar su delito", agrega.
Elvis Mendoza pasó seis años tras las rejas por robo de automóviles y hacía tres años que había recuperado la libertad. "Ya él no estaba metido en problemas. Jugaba fútbol y trabajaba en el Instituto de Deporte del municipio Araure. Lo que pasa es que la policía tiene un roce con nosotros desde hace muchos años", dice Luis Mendoza.
Por su parte, Vizcaya aclara que "aunque haya tenido antecedentes penales, no se justifica el asesinato porque constitucionalmente no existe la pena de muerte en Venezuela".
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