Cárceles, soluciones de los candidatos

Patty Fuentes Gimón

El tema carcelario cada día conmociona más a los venezolanos. La crisis penitenciaria no es un problema reciente, pero con el tiempo se ha hecho más evidente, pues las cifras de homicidios, huelgas de hambre y de sangre, coliseos y riñas se continúan incrementando.

El motín que se presentó en junio en el Internado Judicial Rodeo I, que dejó un saldo de 19 muertos y 22 heridos, y que llevó a efectivos de la Guardia Nacional a tomar el penal, llamó aún más la atención de los ciudadanos.

Que el sistema penitenciario sea de importancia para la mayoría de los venezolanos significa que quien asuma la Presidencia de la República a partir de 2013 debe tener propuestas alentadoras con el fin de resolver el tema de las prisiones.

Los 34 penales que existen en el país fueron construidos para albergar a una población reclusa de 15 mil internos; sin embargo, el hacinamiento es de más de 300%, pues allí habitan casi 50 mil reos.

Las terribles condiciones de vida, el ocio, el hacinamiento y la presunta complicidad de los funcionarios de la Guardia Nacional para ingresar las armas y la droga a los centros penitenciarios, generan más y más violencia en las prisiones.

Nada más, durante el primer trimestre de este año, el Observatorio Venezolano de Prisiones registró 124 homicidios dentro de las cárceles, lo que representa un aumento de 22% respecto al mismo período de 2010, año en el cual fueron asesinados un total 460 reos y hubo 967 heridos.

La cantidad de muertes en 2010 en los centros de reclusión es la segunda cifra más alta que se ha presentado en los 12 años del gobierno de Hugo Chávez, período en el cual el OVP ha contabilizado 4.506 homicidios.

ANTONIO LEDEZMA

Fin de la impunidad judicial

Para el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, ningún plan de reconversión de las cárceles va a prosperar si primero no se ataca la impunidad judicial. “Hay un gravísimo problema en la administración de justicia que tiene su origen en las interferencias que se hacen desde el poder público y en la aplicación de leyes inconstitucionales”, asegura.

De ser electo, Ledezma involucraría a todo el entramado público para comenzar a resolver con hechos concretos el problema del sistema carcelario nacional. “Una vez avanzado en el tema de la impunidad judicial, habría que comenzar a mejorar las instalaciones para que se pueda dar el proceso de recuperación del privado de libertad”, dice, al tiempo que explica que las cárceles son para que quienes transgredan el Estado de Derecho purguen esa condena pero salgan en mejores condiciones “humanas, espirituales, de alma y de conciencia”.

También sostiene que las normas tienen que adecuarse para que se puedan tramitar los casos que están congestionando la suerte de miles de personas sometidas a juicio. “Hay fiscales que tienen en sus manos 2 mil expedientes. La Fiscalía tiene que reformularse; para eso hay que hacer una inversión importante en capacitación y formación de recursos humanos. Además, tiene que retomarse lo que dice la Constitución: un programa de descentralización con la participación de todas las instancias de Gobierno”, agrega.

Otra de las propuestas que plantea es la de desarrollar una política de atención social para los familiares de los reos. “Muchas veces el niño pareciera que estuviera pagando la condena con su padre o madre, pues es quien lo visita y a veces no puede continuar sus estudios”, dice.

LEOPOLDO LÓPEZ

Sustitución de la infraestructura

En dos años podrían construirse todos los centros penitenciarios que se necesitan. Así lo estima el líder de Voluntad Popular Leopoldo López, quien asegura que “con los recursos y con la tierra que tenemos, se pudiera sustituir toda la infraestructura carcelaria. Si algo no falta aquí son terrenos dónde construir centros penitenciarios… Ya están las maquetas y los modelos. Eso está discutido, pensado y hablado”.

Respecto al régimen carcelario, López plantea que se cumpla con la clasificación de los reos, pues “uno de los problemas es que tienen a los ladrones comunes compartiendo con narcotraficantes y homicidas”. Además, propone que a los internos se les pueda dar “una forma de vida que genere disciplina, renovación y capacidades de trabajo”.

“Aquí hay que abordar todos los temas sin tabú. El problema es que ahí tienen concentrada la universidad del delito y el centro de comando y control de mucho del delito organizado que ocurre en todo el país. Entonces, el articular un sistema carcelario que funcione es desarticular uno de los elementos importantes que tiene la criminalidad en Venezuela”, señala.

MARÍA CORINA MACHADO

Descentralización inmediata

La administración de las cárceles es competencia exclusiva de gobernaciones y alcaldías, según el artículo 272 de la Constitución. La diputada María Corina Machado considera que lo primero que debe hacerse para atacar la crisis penitenciaria es constituir institutos autónomos en todos los estados del país y así lograr la descentralización. “Hay un problema crucial de hacinamiento, lo que nos lleva inmediatamente a la necesidad de construir más cárceles; sobre todo, para atender la violencia producto de las bandas delictivas que tienen el microtráfico de drogas por detrás”, sostiene.

Tras destacar que 6 ó 7 de cada 10 detenidos no han sido juzgados, Machado plantea agilizar los trámites de procedimientos judiciales y promete construir, en un máximo de seis meses, tres cárceles modelo. Además, asegura que es importante emplear a los egresados del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios y que los alimentos y productos de limpieza los provean empresas privadas.

PABLO PÉREZ

Creación de colonias agrícolas

De acuerdo con el gobernador del Zulia, Pablo Pérez, para atacar la crisis penitenciaria no sólo hace falta construir más cárceles, sino que es importante que los reclusos nunca estén ociosos. “Hay que crear colonias agrícolas para que los internos realicen actividades distintas y sean productivos porque en el ocio nada bueno surge en la cabeza de las personas. La idea es que trabajen dentro de los centros penitenciarios”, explica.

También destaca la relevancia de que los reos estén divididos en cada una de las cárceles, ya que “no puede ser que haya un joven que se robó una cartera con un narcotraficante. No debería haber comunicación entre ellos”.

Además, señala que hace falta elaborar un proceso de reinserción social para los reclusos y uno de capacitación para el personal que trabaja en las prisiones. “Hay que entender que son seres humanos que han cometido errores, pero hay que reinsertarlos. El personal tiene que ser calificado, sin vicios y mejor remunerado. Tenemos que ir a un proceso de cero en los centros de reclusión”, dice.

HENRIQUE CAPRILES RADONSKI

Prisiones que rehabiliten

Las cárceles no pueden seguir siendo “universidades del delito”; por el contrario, deben desempeñar las funciones para las cuales han sido creadas. “Tienen que ser centros donde se cumple una condena, se aparta a la persona de la sociedad, pero mientras tanto, es rehabilitada. En nuestras cárceles, una persona que entró por un robo, termina defendiéndose dentro de la prisión con un arma de fuego”, asegura Henrique Capriles Radonski.

De ser electo, el gobernador de Miranda ejecutaría una operación desarme, acabaría con el hacinamiento y con la corrupción dentro de los centros penitenciarios. “La Constitución de 1999 establece la posibilidad de hacer alianzas con el sector privado y la descentralización del sistema carcelario para que los estados administren sus propias cárceles. El primer interesado en que las cárceles de cada estado rehabiliten es el gobernador, porque de lo contrario, esas personas seguirán cometiendo delitos en las calles”, añade.