Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual
Durante la última década, cerca de 200 mil personas en necesidad de protección internacional han llegado a Venezuela. De esas, más de 14 mil están a la espera de la condición de refugiado y más de 95% proceden del vecino país, huyendo de sus lugares de residencia en un clima de persecuciones, amenazas y un conflicto armado que tiene cuatro décadas.
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, razón por la cual organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), HIAS y Caritas de Venezuela realizan numerosas actividades para dar a conocer la situación de estas personas.
"La idea es recordar la circunstancia de millones de personas que viven fuera de sus países de origen porque fueron perseguidos y necesitan protección de otra nación. Este es un tema desconocido por el venezolano de a pie, por eso queremos que se entienda que los refugiados no vinieron a nuestro país para hacer turismo ni para conseguir una mejor oportunidad de trabajo, sino porque en su nación ya no pueden vivir", explica Dorialbys De La Rosa, coordinadora nacional de Incidencia del SJR.
En Venezuela, la mayoría de los refugiados están en la frontera colombovenezolana: en los estados Apure, Zulia y Táchira. "En Zulia es donde se encuentra el mayor número (desde 2001 hasta el primer trimestre de 2010 hay un aproximado de 14 mil solicitudes, de las cuales 2.500 han recibido formalmente el estatuto de refugiado, es decir, tienen una cédula que los acredita como transeúntes)", añade De La Rosa.
ES UN DERECHO
Aunque la vocera del SJR reconoce que el Estado venezolano en los últimos meses ha mostrado voluntad frente a la situación de los refugiados, destaca la importancia de las ONG. "Hace dos años se creó la Comisión Nacional para Refugiados que depende de la Cancillería y que se encarga de decidir quiénes están aptos para obtener el estatuto. Nosotros, por otro lado, acompañamos a las personas durante todo el proceso que deben hacer ante el Estado para brindarle refugio. Les damos apoyo humanitario (tratamos de reconstruir sus procesos de vida), legal y de integración, pues trabajamos con las comunidades receptoras", relata.
La oficial de Información de Acnur, Ligimat Pérez, califica de "joven y débil" la Comisión Nacional para Refugiados, por lo que indica que su organización, junto a las demás ONG, deben velar por los derechos de los necesitados de protección internacional. "Debemos apoyar a la organización del Estado para que preste mejor servicio y cumpla con sus obligaciones", dice.
De La Rosa espera que para el en espera. "Cada año entran casi 2.500 y cada una de ellas tiene un grupo familiar amplio con necesidades bien específicas que deben ser cubiertas. El Estado ha tenido la voluntad de acortar el trecho que hay entre las solicitudes respondidas y las solicitudes hechas, pero todavía hay muchos casos que están a la espera de una decisión", agrega.
¿Y CÓMO VIVEN? El Estado debe garantizar que se cumplan tres principios básicos: que el refugiado no se devuelva a su país de origen porque podrían atentar contra su vida; que no sea sancionado por permanecer en Venezuela de forma ilegal durante un período; y que la familia del solicitante siempre se mantenga unida.
"La mayoría de los refugiados vive en zonas rurales del país. Todo depende del perfil. En Apure, normalmente son campesinos colombianos quienes fueron desplazados.
En Zulia y Táchira, el perfil es más alto. Por ejemplo, algunos son defensores de Derechos Humanos que tienen una capacidad económica más alta. Otros llegan sin ningún tipo de recurso porque salen a la fuerza, sin documentos ni ropa. Los que pueden llegar aquí y comprar una casa son casos excepcionales", explica.
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